Sánchez se resiste a recurrir las embajadas catalanas
El Ministerio tiene hasta el día 28 para acudir a la Justicia, pero en La Moncloa no ocultan la inconveniencia justo cuando pretende rebajar la litigiosidad con la Generalitat
Josep Borrell, ministro de Exteriores y seguramente la voz más nítida del Gobierno contra el separatismo, anunció el 23 de agosto que recurriría el decreto de reapertura de embajadas catalanas por hacerse al margen del Estado. Fuentes del Ministerio confirman a ABC que ese recurso contencioso-administrativo aún no se ha interpuesto , aunque están en fecha de hacerlo, hasta el 28 de septiembre.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez está a la espera de que la Generalitat cumpla con el procedimiento que exige la ley y comunique a Exteriores esa apertura de oficinas en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda y Suiza.
En La Moncloa no ocultan la inconveniencia de tener que recurrir a la Justicia justo cuando se intenta rebajar la litigiosidad con las comunidades autónomas, y muy especialmente con Cataluña. Y lamentan este nuevo conflicto por tratarse de una cuestión «puramente formal».
ERC exigió ayer al Gobierno que renuncie a recurrir las embajadas. Según su portavoz en el Congreso, supone «poner arena en los cojinetes, cuando lo mejor es poner grasas», en alusión a la oferta de diálogo con la Generalitat que defiende el Ejecutivo de Sánchez.
La Generalitat comunicó solo con 24 horas de antelación su decreto de creación de nuevas oficinas en el exterior, que fueron cerradas por el Gobierno de Rajoy en virtud del 155 de la Constitución. Sin embargo, la Ley de Accción y del Servicio Exterior del Estado establece que antes de la apertura de delegaciones las comunidades autónomas deben comunicarlo al Ejecutivo de España.
El Ministerio de Exteriores elabora entonces un informe sobre la adecuación de esas oficinas a la política exterior del Estado, respetando el principio de «unidad de acción» . Además, el Ministerio de Hacienda debe informar sobre el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos mientras que el de Política Territorial puede hacerlo desde su propia perspectiva competencial, según indicó el Gobierno en una nota el pasado 23 de agosto.
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