Sànchez alega ante el TS que puede ser presidente desde la cárcel porque «las funciones son delegables»
Pide al Alto Tribunal que resuelva con la «máxima celeridad» el recurso contra la decisión de Llarena de negarle el permiso para ir al Pleno de investidura
La defensa del exlíder de ANC Jordi Sànchez ha pedido a la Sala Penal del Tribunal Supremo que resuelva con «urgencia» el recurso presentado contra la decisión del juez Pablo Llarena de no dejarle acudir al pleno de investidura en el que ha sido propuesto como candidato a la Generalitat de Cataluña. Alega que puede ser presidente desde prisión porque la mayor parte de las funciones de ese cargo son «delegables».
En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, Sànchez apela a tomar una decisión con la «máxima celeridad posible» al estar en juego no sólo a sus derechos políticos, sino los de «millones de votantes de los partidos que eventualmente apoyarían su investidura» y la «credibilidad del propio sistema democrático».
La defensa argumenta que si bien el Pleno de investidura previsto para este lunes ha quedado por el momento suspendido , «resulta a todas luces evidente que el presidente del Parlament no puede esperar indefinidamente a saber si el candidato Jordi Sànchez podrá o no acudir al Pleno », más teniendo en cuenta que el propio Tribunal Constitucional ya ha interpretado cautelarmente, cuando resolvió sobre la posible investidura de Puigdemont, que la investidura «tiene que ser presencial».
Sànchez alega también que prohibirle asistir a ese Pleno supondría una «evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito».
División de poderes
El líder independentista, investigado por rebelión, alega, además, que su situación de preso preventivo no le impediría el ejercicio del cargo durante la estancia en prisión, pues «prácticamente todas las funciones del presidente de la Generalitat son delegables»
La defensa de Sànchez critica el auto de Llarena porque interpreta que en él se incluyen «consideraciones de oportunidad política totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes». Se refiere en concreto a un párrafo en el que el instructor sostiene que «la candidatura presenta otros integrantes, todos ellos con el mismo número de apoyos en los electores, en los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse (...)».
«Resulta sencillamente inaudito que en un sistema donde rige la división de poderes, un Tribunal efectúe tan abiertamente manifestaciones acerca de la oportunidad política de elegir a unos candidatos y no a otros por parte de un Parlamento», apunta.
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