El PSC se reparte la Diputación de Barcelona con los separatistas

Extraños compañeros de viaje en la Diputación de Barcelona. El PSC y JpC cerraron ayer por la tarde un acuerdo por el que las dos formaciones políticas gobernarán juntas la Diputación de Barcelona, institución que contará de nuevo con un presidente socialista después de ocho años de dominio convergente en uno de los feudos que hasta 2011 solo había conocido el color rojo, con la excepción de los tres años (1977-1980) de la presidencia de Josep Tarradellas (ERC).

Salvador Illa , secretario de Organización del PSC, y David Bonvehí , presidente del PDECat , en representación de JpC, firmaron este viernes el acuerdo entre ambas formaciones que se circunscribe a aspectos de ámbito estrictamente provincial (impulso al municipalismo, lucha contra la desigualdad, lucha contra el cambio climático, desarrollo social y, entre otros, mejora de los servicios a las personas). El documento señala cuatro aspectos básicos sobre los que pivotan los ejes de las políticas que aplicará el gobierno: ejecutivo formado por el PSC y JpC con presidente del PSC , elaboración de un plan de apoyo a los ayuntamientos, constitución de una comisión de trabajo para seguir de cerca el cumplimiento de los objetivos y dejar a un lado cualquier aspecto que no sea del «ámbito competencial» de la Diputación.

Aunque el PSC y JpC no suman mayoría absoluta (23 de 51), está descartado que el resto de fuerzas (ERC, 16; comunes, 5; Cs, 4; PP, 2 y TxT, 1) se pongan de acuerdo para proponer una alternativa al candidato del nuevo bipartito. La alcaldesa de Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), se perfila como posible sucesora de Marc Castells (PDECat), alcalde de Igualada y presidente de la Diputación en funciones.

Con este acuerdo, por lo tanto, el próximo gobierno de la Diputación no tomará iniciativas políticas vinculadas al independentismo y rompe con la directriz no escrita del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra , por la que JpC debe pactar, donde pueda, con ERC antes de hacerlo con los partidos que avalaron la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como es el caso del PSC.

En este sentido, el acuerdo también choca frontalmente con la hipotética «operación de Estado», en palabras de la portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó , por la que los partidos constitucionalistas harían todo lo posible para evitar que JpC y ERC se hicieran con las instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona. El PSC, por su parte, mantiene la estrategia de pactar con los independentistas si es a cambio de entrar en los gobiernos.