El TC rechaza el recurso de amparo interpuesto por la defensa de Andrés Bódalo

La Sección Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de amparo interpuesto por la defensa del dirigente sindical del Sindicato de Obreros del Campo-Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Andrés Bódalo, en prisión tras ser condenado por agredir en 2012 a un concejal socialista durante una protesta de jornaleros ocurrida en el municipio de Jódar (Jaén), en el que se pedía que su causa fuera revisada por el Tribunal Supremo (TS).

En el escrito del Tribunal Constitucional, al que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda no admitirlo a trámite «toda vez que se ha incurrido en el defecto insubsanable de no haber satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso».

Esto implica, dice el escrito, que el recurso presentado por la defensa de Bódalo por presunta vulneración del derecho de tutela judicial no cuenta con «una argumentación específica y suficiente» y de ahí haya acordado su inadmisión.

Con este recurso de amparo lo que se pretendía por parte de la defensa de Bódalo era que la causa fuera devuelta al Tribunal Supremo en un intento de cambiar la sentencia condenatoria de la Audiencia de Jaén.

El Tribunal Supremo rechazó pronunciarse en segunda instancia contra la sentencia de la Audiencia de Jaén de octubre de 2015 en la que se le condenaba a tres años y medio de prisión por agredir al entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), el socialista Juan Ibarra, en el transcurso de una protesta de jornaleros en 2012 con la que se reclamaba peonadas para poder acceder al subsidio agrario.

Y no se pronunció por un error de la procuradora de Bódalo que no presentó en plazo el recurso de casación ante el Supremo sobre la sentencia en la que se le condenaba por lo que el Alto Tribunal acabó pidiendo a la Audiencia de Jaén en marzo de este año su ejecución y por tanto la entrada en prisión del que fuera dirigente provincial de SAT, algo que acabó haciendo el pasado 30 de marzo.

Para la abogada de Bódalo, Irene Lara, el pronunciamiento de Bódalo implica que «jurídicamente todas las puertas están cerradas en España» para poder lograr la revisión del caso. «Ya no nos queda nada más jurídicamente hablando», ha dicho Lara a Europa Press.

Lo único que queda, según la letrada, sería un recurso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y esta es una posibilidad que, «por el momento, no se ha abordado» ya que la decisión del Constitucional se ha conocido este mismo martes.

Vistas así las cosas, Lara ha señalado que todos los esfuerzos están centrados en la revisión del grado penitenciario asignado a Andrés Bódalo. De esta forma se pretende que pase del segundo al tercer grado penitenciario.

Asimismo, el otro objetivo en el que está trabajando la defensa es en el indulto, una vez que la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén que le condenó ya emitió recientemente un informe favorable a un indulto parcial y que fue remitido al Ministerio de Justicia. Lo hizo después de consultar tanto la acusación particular ejercida por el PSOE como el propio perjudicado no se opusieran al indulto.

No siguió el mismo camino, la Fiscalía de Jaén que en su informe al Ministerio de Justicia rechazó cualquier posibilidad de indulto. No era un caso excepcional ya que la Fiscalía por norma general y con este tipo de condenas donde concurre la reincidencia se opone al indulto.

De conseguir un indulto parcial, junto con el acceso al tercer grado penitenciario, permitiría a Bódalo comenzar a disfrutar de salidas en unos dos meses, según la defensa. Pero para ello, dice su abogada, es necesario que el Consejo de Gobierno que se reúne este viernes, aunque sea en funciones, aprobara el indulto parcial, algo que la propia defensa ve «poco probable».

Lara ha indicado que el pronunciamiento del Constitucional es «un nuevo revés de tantos que llevamos», pero «no por eso vamos a dejar de seguir trabajando en todos los frentes» hasta lograr la libertad de Andrés Bódalo.