Rajoy, tras el dictamen sobre el accidente del Yak-42, afirma que el caso «está sustanciado judicialmente»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que no ha «visto» el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que dirigía Federico Trillo del accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles en 2003, si bien ha recalcado que ese asunto «ya está sustanciado judicialmente».

El informe de Consejo de Estado que ha publicado el diario «El País» reconoce oficialmente la responsabilidad del Ministerio de Defensa al señalar que hay hechos anteriores a la fecha del siniestro en los que «pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría».

Rajoy ha asegurado que no sabía que el Consejo de Estado había «sacado» un dictamen sobre el Yak-42 y que no lo había «visto» cuando varios medios le han preguntado durante su marcha matutina por Pontevedra, donde está pasando unos días de vacaciones.

Hacer un poco de deporte mientras disfrutas de la naturaleza de #Galicia es una maravilla. Hoy, buena caminata en Ponte Arnelas. MR pic.twitter.com/sbFUkqFNus

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 de enero de 2017

«¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso. No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años», ha enfatizado el jefe del Ejecutivo en declaraciones recogidas por Europa Press.

El dictamen del Consejo de Estado, aprobado el 20 de octubre por unanimidad, coincide con los tribunales en que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos, si bien apunta que del contrato que se suscribió con la NAMSA no se deduce «un total y completo traslado de responsabilidades» a la citada agencia de la OTAN.

Asimismo, destaca que el informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército en el que se advertía de «altos riesgos» de transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, era suficiente para desencadenar «una comprobación o verificación» de la denuncia.

Críticas al Gobierno

Por su parte, el PSOE ha exigido «el cese fulminante» del embajador en Londres, Federico Trillo. En un tuit, los socialistas han pedido que Trillo sea apartado de su cargo y, además, han pedido que los actuales ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, comparezcan también de manera «urgente» en el Congreso.

#Yak-42: Exigimos el cese fulminante de Trillo y las comparecencias urgentes de los ministros Defensa y Exteriores https://t.co/OuVChHds0G

— PSOE Congreso (@gpscongreso) 3 de enero de 2017

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha rechazado la petición socialista con el argumento de que el desempeño actual de Trillo «es distinto» al de hace dos décadas. El popular ha recordado que los ministros de Defensa de los distintos gobiernos han velado «por la seguridad de las tropas» y ha añadido que tanto el PP como la sociedad valora «tremendamente» la institución del Ejército, que desarrolla una «labor discreta, callada y a veces no reconocida».

Asociación de víctimas

Desde la Asociación de Familiares de Víctimas del Yakolev 42 han destacado el respaldo moral que supone el informe del Consejo del Estado conocido hoy. Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas y hermano del sargento José Manuel Sencianes, de Zaragoza, fallecido en el accidente, ha pedido una reunión inmediata con la ministra de Defensa.

«Ahora hay que reparar el daño, no queremos hablar de indemnizaciones sino de perdón. ¿Quién lo va a pedir? y ¿quién va a asumir esta responsabilidad?», ha afirmado. Para conocer todo esto, ha anunciado el envío al Ministerio de Defensa de un burofax para poder reunirse con la ministra, a la que las víctimas quieren plantear todo lo que ha pasado durante estos trece años y para que el Ministerio les expliqué a su vez «cuál es su posición actual».

Además, «en cuanto se pueda», según ha avanzado, acudirán a los tribunales para reclamar no solo los contratos del aparato siniestrado, sino todos los anteriores firmados por Defensa. Pretenden, según ha dicho, «demostrar que esta forma de contratar de la administración no solo provocó la muerte de 62 personas, sino que a lo mejor enriqueció a alguno», ha afirmado.