Abrazo entre Otegui y Torra - EFE

Los radicales intensifican la violencia callejera mientras Torra se reúne con Otegui

Un portavoz de Arran reivindica por primera vez un escrache a cara descubierta

Barcelona/VitoriaActualizado:

«Hoy hemos vuelto a señalar que Llarena, y el sistema que le apoya, son los responsables de cada presa y exiliada políticas». Con estas palabras, Arran, la organización considerada cantera de la CUP, confirmó ayer el escrache llevado a cabo, la noche anterior, en el domicilio del juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa especial del procés, Pablo Llarena. Tres encapuchados lanzaron abundante pintura amarilla a la puerta del edificio de la vivienda de Llarena, que afectó también al suelo de la entrada y el interfono. De esta manera, Arran señala al juez Llarena, a su esposa, también juez, que formará parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial y a la familia de estos, que viven en una localidad cercana a Barcelona.

La frustración de una promesa incumplida, solo achacable a los que aseguraron que Cataluña sería un país independiente, sigue mostrando su cara menos amable y agresiva. De momento, se exhibe contra los principales actores que han defendido el orden constitucional. Cuando no es Arran -que ya señaló la segunda residencia de Llarena en el Pirineo catalán, hace unos meses, como advertencia por sus decisiones judiciales-, son los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). E igual les vale Llarena que Felipe VI, como los partidos constitucionalistas o las asociaciones civiles o de policías que se expresan libremente en Cataluña.

Ataque a la casa de Llarena
Ataque a la casa de Llarena - ABC

Este mismo miércoles, el Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona dejó en libertad provisional a tres miembros de los CDR, que habían sido detenidos entre el lunes y el martes, tras tomarles declaración en el marco de la investigación abierta por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, delito contra la integridad moral, amenazas y desórdenes públicos que habrían protagonizado el pasado 28 de septiembre, después de intentar impedir una manifestación de Jusapol en Barcelona y enfrentarse a los Mossos d’Esquadra. Mossos, cuerpo policial, por cierto, que sigue investigando la autoría del empujón el sábado, en unas escaleras del metro barcelonés, a una persona que volvía de una manifestación de Jusapol. Su delito: llevar una gorra con los colores de España.

«No nos callarán»

Las consecuencias del fracaso procés siguen su curso, y los ultras no pierden ocasión para hacerse notar. El lunes fue el turno contra Manuel Valls, al que un grupo de independentistas le impidió salir de la presentación de su libro con normalidad. Valls necesitó la ayuda de los Mossos d’Esquadra para que no fuera agredido. «No te quieren en Francia, tampoco aquí», fue lo más suave que le dijeron los radicales al candidato a la alcaldía de la Ciudad Condal.

Una práctica habitual. Ayer mismo, en Valls (Tarragona), Carlos Carrizosa, portavoz de Cs en el Parlamento catalán, sufrió un escrache justificado por el secesionismo porque su visita a Valls es una provocación. «No nos callarán», aseguró Carrizosa.

Con este contexto, los comunes tampoco desaprovechan la ocasión. El partido que lidera Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, se unió ayer al PDECat, ERC y la CUP para rechazar una propuesta del PP para que Barcelona conmemore la Constitución en su 40 aniversario.

Torra, con Urkullu

Todo esto tiene su espejo al que mirarse. Es el País Vasco. Quim Torra, presidente de la Generalitat, hizo ayer suyas las palabras del exlendakari José Antonio Agirre, quien defendía que «la causa de la libertad del pueblo catalán es la del vasco». Torra coincidió con su homólogo Íñigo Urkullu en la necesidad de promover el derecho a la «autodeterminación de los pueblos», si bien constató que no comparten la misma visión sobre cómo alcanzarlo: «Es posible que el camino hacia la libertad no sea el mismo». Urkullu apuesta por negociar con el Gobierno «el derecho a decidir de manera legal y pactada». Esta defensa de la autodeterminación llevó a Urkullu a enfrentarse con el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, quien le reprochó que legitimar la unilateralidad «tiene antecedentes radicalmente desacreditados en la historia europea del siglo XX».