PP y PSOE ultiman un pacto para el TC que incluye a Conde-Pumpido como cuarto magistrado

El órdago secesionista en Cataluña, clave en la cesión de los populares ante los socialistas

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A diferencia de renovaciones anteriores del Tribunal Constitucional, en las que el veto del PP le dejó fuera, todo apunta a que esta vez el ex fiscal general del Estado y hoy magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido entrará en el órgano de garantías como uno de los cuatro miembros que tiene que renovar el Senado.

Según ha podido saber ABC de fuentes próximas a la negociación entre ambos grupos parlamentarios, los populares están a punto de aceptar la candidatura del ex fiscal general para el TC, lo que completaría ya el acuerdo para la renovación, pendiente solo de este cuarto nombre consensuado entre ambas fuerzas políticas.

El interés del Gobierno por mantener la unidad con el PSOE en un tema de Estado fundamental como es la amenaza secesionista en Cataluña, sumado a la necesidad de tener que contar con los socialistas para la aprobación de los Presupuestos de 2017, explican este guiño a Ferraz, que habría sido impensable en tiempos anteriores.

De hecho, la anterior renovación del TC que correspondía al Senado se retrasó tres años precisamente por la negativa de ambos grupos a aceptar a sus respectivos candidatos: el propio Conde-Pumpido (por parte del PSOE) y Enrique López (por parte del PP).

López entraría tres años después, junto con Pedro González Trevijano, en la renovación que correspondió al Gobierno, pero Conde-Pumpido se quedó a las puertas cuando, en la renovación correspondiente al Consejo General del Poder Judicial, los vocales decidieron apoyar a Juan Antonio Xiol en vez de al ex fiscal general.

Renovaciones

Junto con las plazas que ocupan el hoy todavía presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, el Senado tiene que renovar la de Luis Ortega, que no ha sido cubierta desde su repentina muerte (en abril de 2015), y aquella para la que en su día fue nombrado Francisco Hernando y que desde su fallecimiento, en 2014, está en manos de Ricardo Enríquez.

Este último será renovado a propuesta del PP, una posibilidad que la propia ley ofrece al no haber cumplido los tres años en el cargo. El otro nombre de los populares es el catedrático de Derecho Laboral Alfredo Montoya, promovido a instancias del saliente Pérez de los Cobos. También sonó el abogado del Estado Javier Borrego.

Como adelantó ABC, los socialistas, por su parte, ya propusieron hace unos días a la catedrática María Luisa Balaguer, la única mujer de esta terna y la segunda del Tribunal junto con Encarnación Roca. De no ser por esta concesión al PSOE, el perfil progresista de Balaguer, miembro del Consejo Consultivo de Andalucía y muy comprometida, entre otras causas, con la feminista, habría cerrado la puerta a Conde-Pumpido –muy marcado ideológicamente tras su paso por la Fiscalía General del Estado– para una cuarta plaza para la que se pensaba contar con un candidato progresista más moderado que pudiera contentar a ambos partidos, como podía ser el vicepresidente del Tribunal Supremo Ángel Juanes.

Sin embargo, si en algo están de acuerdo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, quienes están llevando personalmente las negociaciones, es en que, por encima de las cuestiones ideológicas, y ante la respuesta que en los próximos meses el TC tendrá que seguir dando ante el órdago independentista, lo importante es contar con magistrados capaces de redactar resoluciones en las que no quede un resquicio a interpretaciones proindependentistas, hombres y mujeres con "sentido de Estado".

Incluso los menos partidarios de la candidatura del ex fiscal general, que recuerdan su frase en pleno proceso de paz de que "las togas tienen que mancharse con el polvo del camino", resaltan la experiencia y prestigio del magistrado en el ámbito penal.

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