El PP bloqueará una reforma del Estatuto pactada por el PSOE y ERC, con el recurso previo
La modificación legal aprobada en 2015 permite frenar la entrada en vigor del nuevo proyecto
En el Partido Popular se temen lo peor en las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes , después de que los socialistas aceptaran los términos de Oriol Junqueras y compañía y admitiesen que en Cataluña hay un conflicto político. En Génova creen que Sánchez está dispuesto a ceder lo que haga falta para seguir en La Moncloa, y eso incluye un nuevo Estatuto de Autonomía , con el que se tratará de contentar a los separatistas. Pero el PP cuenta con un instrumento que no existía en 2006, cuando se aprobó el actual Estatuto. Se trata del recurso previo de inconstitucionalidad que le permitirá bloquear un eventual pacto del PSOE con los independentistas si rebasa los límites constitucionales.
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En Génova se encendieron las señales de alarma cuando los socialistas volvieron a hablar de la «plurinacionalidad» de España , con la complacencia absoluta de Pedro Sánchez . La imagen del líder socialista bajando la mirada cuando Pablo Casado le preguntó en el debate electoral cuántas naciones hay en España se ha quedado grabada a fuego entre los populares.
El líder del PP cree que Sánchez ha iniciado su negociación con ERC reescribiendo de forma unilateral el artículo 2 de la Constitución a través del PSC, el que subraya la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Y, además, lo ha hecho contando en el radicalismo de todo signo con aliados partidarios de romper el consenso de 1978.
En esta situación, en la dirección nacional del PP creen que una de las cesiones que Sánchez podría estar dispuesto a hacer es la elaboración de un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña, que vaya más allá que el actual y agrade a los independentistas. Algo que les lleva a pensar que superará los límites constitucionales. «Sería imponer un cambio constitucional por la vía de los hechos y por la puerta de atrás, sin el consenso de los grandes partidos nacionales », advierten.
En la reciente reunión de Casado con sus diputados y senadores, el líder del PP les explicó que tienen a su disposición el recurso previo de inconstitucionalidad «para evitar que ningún tipo de mutación estatutaria pueda intentar desbordar por la vía de los hechos nuestra Carta Magna».
El recurso puede interponerse por 50 diputados sobre el texto del proyecto que se apruebe en las Cortes Generales, en un plazo no superior a tres días desde la publicación en el Boletín de las Cortes. Con su interposición, quedan en suspenso todos los trámites siguientes (sanción y promulgación), incluida la convocatoria de referéndum .
De esa manera, el nuevo Estatuto no entraría en vigor, ni se sometería a referéndum entre los catalanes, hasta que el Tribunal Constitucional dirimiese si se encuentra dentro de los límites legales.
Reforma por consenso
El recurso previo estaba incluido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional de 1979, pero se suprimió en 1985, con Felipe González en el poder. Tras la experiencia del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, que se sometió a referéndum, se aprobó y entró en vigor antes de que el Tribunal Constitucional tumbase alguno de sus artículos clave por ser contrarios a la Carta Magna, el PP impulsó en 2015 la recuperación del recurso previo. Se hizo solo para los nuevos proyectos de Estatuto y sus reformas. El cambio se aprobó con el consenso de los grandes partidos nacionales , y la oposición de la izquierda radical y los nacionalistas.
El PP cuenta así con un «arma» fundamental que no tenía en 2006, cuando se aprobó el Estatuto catalán, y que podría utilizar también frente al nuevo Estatuto vasco , cuyo borrador han pactado los expertos propuestos por PNV, PSE y Podemos en una ponencia en el Parlamento vasco, y que incluye el «derecho a decidir» y la posibilidad de la anexión de Navarra.
Ante las intenciones de socialistas, populistas y nacionalistas en el País Vasco , el PP ha anunciado que planteará un recurso previo de inconstitucionalidad, porque supondría, a su juicio, modificar la Constitución: «Que nadie tenga ninguna duda».
