El PP acepta subir el SMI un 8 por ciento a cambio de apoyo del PSOE al techo de gasto

El Gobierno aprobará hoy un decreto ley que incluye como medida estrella una subida del 8% del salario mínimo interprofesional (SMI), una pieza clave que ha sido impuestas por el PSOE como condición innegociable para respaldar la nueva senda de reducción del déficit público pactada con Bruselas. Tras la subida, el SMI pasará de 655,2 euros actuales hasta los 707,6 euros mensuales, en 14 pagas anuales, lo que supondría 9.906,4 euros al año.

El resto del pacto alcanzado entre PP y PSOE contiene medidas para incrementar la recaudación impositiva en 2017 en unos 8.000 millones de euros, cantidad que procedería básicamente de incrementos en el Impuesto de Sociedades (5.000 millones) y en los impuestos especiales. También fijaría un límite del 0,6% en el déficit que podrán tener la autonomías en 2017.

Hay que remontarse a 2004 para encontrar una subida similar del salario mínimo. Ese año aumentó un 8%, aunque entonces la medida se hizo en dos veces. Una primera subida a comienzos de año y después, cuando llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero, que había prometido un incremento significativo del SMI, se produjo otra.

Empleo comunicó la subida a los interlocutores sociales en un encuentro al que no asistieron los principales responsables de los sindicatos ni de la patronal al tratarse, en principio, de una reunión técnica. Los únicos en reaccionar ayer fueron UGT y CC.OO. que acusaron al Ejecutivo de «hurtar al diálogo social una negociación como la del SMI al situarla en el ámbito político y parlamentario».

Otra de las exigencias impuestas por el PSOE para respaldar el techo de gasto fue suavizar el déficit autonómico. El primer encuentro del nuevo Gobierno con los barones autonómicos ayer sirvió de ensayo para el baile político que se vivirá en la aprobación de los Presupuestos Generales para 2017. El hecho de que fuera el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera que presidía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría frente al habitual liderazgo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, simbolizó el perfil político del encuentro, que superó el cariz técnico de otras ocasiones.

El ambiente se caldeó horas antes. El PSOE, que gobierna en siete de las quince comunidades de régimen común, condicionó su abstención sobre los objetivos de déficit y deuda en el Congreso de los Diputados a que el límite de desequilibrio regional fuera del 0,6 % del PIB. Si subía al 0,7 garantizaba su voto a favor, señalan fuentes consultadas. Al mismo tiempo, el Gobierno partía de la base de un 0,5 %, por lo que al final se impuso una decisión salomónica: un 0,6% del PIB para 2017 selló el pacto entre PP y PSOE.

Así, el Consejo de Política Fiscal aprobó este objetivo para el año que viene que sienta los mimbres para los presupuestos. Autonomías y Gobierno también aprobaron un objetivo de déficit del 0,7% para este año, como se votó en la anterior cita de abril, y del 0,3 para 2018 de cara a alcanzar el equilibrio presupuestario en 2019. Los objetivos de deuda pública quedaron fijados en los siguientes términos: 24,1% del PIB para 2017, 23,6% para 2018 y 22,7% para 2019.

La votación salió a favor del Gobierno y todas las regiones del PP apoyaron la propuesta de Hacienda. La mayor parte de las comunidades socialistas se abstuvieron fruto del acuerdo entre PP y PSOE anterior al Consejo: Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias. Las autonomías díscolas, que votaron en contra fueron Cataluña y dos socialistas, Comunidad Valenciana y Baleares.

Sacar o no la votación era lo de menos, ya que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) Hacienda solo necesita el voto de una autonomía para sacar adelante su propuesta. En las tripas de la reunión el marcador dibuja los frentes que habrá en la aprobación futura del objetivo de déficit y deuda en el Congreso de los Diputados y, en fin, de las cuentas para 2017. La propia consejera andaluza, María Jesús Montero, señaló a la salida del Consejo que el pacto alcanzado marca «un paso para otros acuerdos».

El resultado de la votación en el CPFF señala también el equilibrio de poderes en el propio PSOE, con dos comunidades como Valencia y Baleares que tienen una postura propia más allá de la fijada por la gestora del PSOE.

En esta partida de póquer, casi todos venían con las cartas marcadas. El Gobierno pedía de primeras el 0,5 % de límite de déficit público. El PSOE exigía el 0,7 % oficialmente, aunque estaba dispuesto a ceder hasta el 0,6 %. De hecho, algún consejero socialista como el de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ya daba por bueno el 0,6 antes de entrar mientras que otros como el de Valencia, Vicent Soler, exigía un 1,4 %. Fuera del PSOE, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exigió un 1,13 % y acabó votando en contra de la senda propuesta por el Ejecutivo.

A diferencia de otros consejos, la reunión tuvo un ambiente plácido, sin «enfrentamientos o choques», como resaltó en la rueda de prensa posterior al CPFF, el ministro Montoro. Pese a ello hubo algún altercado, como la defensa que hizo en el encuentro Oriol Junqueras del referéndum de independencia. Pese a todo, tras la aprobación del objetivo, casi todos los consejeros resaltaron el cambio de tono del Gobierno.

La próxima reforma del sistema de financiación, que el Ejecutivo deberá aprobar el año que viene, también salió a colación en el encuentro. Varios barones protestaron que su discusión no estuviera en el orden del día del CPFF. Sin embargo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se comprometió a que el tema se incluya en la próxima Conferencia de Presidentes e la que los presidentes autonómicos se reunirán con Mariano Rajoy.