La posible retirada de concertinas aviva la polémica en la frontera con Marruecos
Interior anuncia que hará «todo» por retirar las cuchillas de las vallas
«Haré todo para que las concertinas puedan ser retiradas». Esta fue ayer la primera declaración expresa de intenciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación a la política migratoria de España , una cuestión de Estado, que ya fue elegida por Pedro Sánchez como marco del anuncio de impacto del inicio de su Gobierno: la acogida del barco «Aquarius» con 629 inmigrantes a bordo, que previsiblemente mañana llegará a Valencia. En una entrevista en Onda Cero, el ministro estimó que «no es razonable ni aceptable» ver lesionándose a los que tratan de saltar la valla para entrar en territorio español y que por ello, eliminar el alambre de cuchillas es una de sus «principales voluntades». No avanzó soluciones, únicamente que pedirá «un informe complementario» que analice alternativas y habló de que «podemos actuar antes, actuar en origen, pero -lamentó- no podemos llegar a estos niveles».
La presión migratoria en ambas Ciudades Autónomas, únicas fronteras terrestres de Europa con África, es permanente. En lo que va de año han cruzado hasta ellas 2.586 personas y en 2017 se llegó a las 6.246, aunque los intentos fueron cerca de 20.000. Solo los obstáculos físicos y la acción de las Fuerzas de Seguridad frenaron una avalancha que generaría una crisis.
Que los socialistas apuesten por rebajar los elementos de contención en esas fronteras y quitar las concertinas no es nuevo. A lo largo de siete años en la oposición lo han reclamado varias veces, siempre con «oportunismo», a juicio de las entonces autoridades de Interior, para quienes la posición de «crítica permanente» del PSOE constituye una «deslealtad que daña». «Si saltan la valla, porque no has sido capaz de protegerla; si la proteges, tienes falta de sensibilidad; si llevas más policías, estás poniendo un régimen policial; si no, es que hay falta de efectos», se quejaba un ex alto cargo del ministerio. Acusan también al PSOE de obviar que las cuchillas se instalaron durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 en una inversión de más de 12 millones, que incluyó también la colocación de «bayonetas» a modo de espadas en los postes de las verjas y compra de 200 fusiles HK para proteger las fronteras. Después, el alambre cortante se sustituyó en Melilla por el sistema no lesivo de «triple sirga», aunque no en Ceuta.
El año en que Zapatero tomó esa decisión, por las vallas entraron 5.566 personas. Luego vino la espantada migratoria por la crisis , pero en 2013 se recuperaron los flujos y el PP repuso la concertina en Melilla. En 2014 ya fueron 7.485 entradas ilegales, una alerta que el Ejecutivo quiso neutralizar añadiendo, entre otros, «mallas antitrepa» o rejas bajo el puente del Tarajal ceutí, donde en febrero murieron 15 subsaharianos en un episodio trágico.
Las quejas de colectivos sociales y del PSOE o IU obligaron a pronunciarse a la Comisión Europea y a la responsable de Interior, Cecilia Malström. «El empleo de una valla reforzada por cuchillas u otros complementos no está prohibido por el derecho de la UE», indicó, como también que el órgano ejecutivo de la Unión no fomentaba «tal uso» sino que incitaba «a los estados miembros a utilizar medidas alternativas de vigilancia fronteriza».
A ese objetivo iba dirigido el proyecto de replanteamiento de la alambrada de Ceuta que impulsó pero no pudo concluir el anterior equipo ministerial, que pensó en utilizar drones para aumentar el control, aunque tuvo que descartarlo. Se hacía imposible mantenerlos siempre sobrevolando suelo español y aquello generaba problemas con Marruecos.
La búsqueda de un modelo de valla con más medios técnicos, que no requiriera el alto número de efectivos que exige hoy, se aceleró tras una sucesión de intentos de asalto masivos al perímetro de Ceuta en verano de 2017, que culminó con una inédita incursión a la carrera de un millar de inmigrantes en el paso fronterizo oficial. Se dispararon las suspicacias sobre el manejo por parte de Rabat del flujo de inmigración en función de sus intereses, una «dependencia» que el anterior Ministerio quiso rebajar con una verja renovada que no pudo ser.
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