Los partidos urgen a sellar el déficit de las pensiones en el primer gran pacto de Estado

Los grupos políticos se disponen a pisar el acelerador para abordar cuanto antes uno de los retos más urgentes y de mayor alcance que tiene por delante el país:la revisión del sistema público de pensiones. La Comisión del Pacto de Toledo, que el presidente Mariano Rajoy se comprometió a convocar de manera urgente en su discurso de investidura, mantuvo ayer en el Congreso su primera reunión en la que los partidos consensuaron un intenso calendario de trabajo que deberá culminar en un documento final con recomendaciones al Gobierno para garantizar la que es la columna vertebral de nuestro sistema de bienestar. Y aunque se asume de entrada que el acuerdo no será fácil, se le ha puesto ya una fecha tope que evidencia la urgencia.

Los partidos quieren poder elevar al Ejecutivo la propuesta de reformas pendientes en el primer trimestre, a lo sumo en abril.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, será la primera de muchos en comparecer en el seno del Pacto de Toledo. Se pretende que acuda la semana que viene. Justo después se citará a los principales agentes sociales:sindicatos y patronal. A propuesta de los partidos, habrá desfile sucesivo de secretarios de Estado y expertos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, aseguradoras privadas y, por último, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El objetivo prioritario de todos es garantizar que se restituya el equilibrio financiero del sistema de pensiones, que este año cerrará con más de 18.000 millones de déficit, y que ha obligado al Ejecutivo a meter mano en el Fondo de Reserva. La «hucha» quedará a cero a finales de año. Sin embargo, los grupos se conjuraron ayer para ahuyentar los alarmismos y lanzar un mensaje de tranquilidad. «Lo más importantes es no crear alarmas. Las pensiones se han pagado siempre, también en los peores años de la crisis económica, y se van a seguir pagando», señaló la diputada del PP Carolina España a la salida de la primera reunión de la Mesa y Portavoces de la comisión de seguimiento. Sí se reconocen profundas sombras en lo que refiere a las pensiones de generaciones más jóvenes, por lo que urge apuntalar el sistema para el futuro.

El Gobierno insiste en que la principal clave de la sostenibilidad del sistema pasa por la creación de empleo. Aunque asume que habrá que buscar nuevas vías de financiación. Y es aquí donde los partidos chocan a la hora de proponer de dónde sacar nuevos ingresos. En principio, todos descartan retrasar otra vez la edad de jubilación, como se hizo en la última reforma de 2010: hasta los 67 años en 2027. También hay consenso en que no recortarán, si bien se insiste en que para ello hacen falta más ingresos.

Sin embargo, una posibilidad se abre en el horizonte: flexibilizar la salida del mercado laboral para aquellos trabajadores que quieran permanecer en su puesto más allá de la jubilación. «Se puede incentivar la salida del mercado laboral poco a poco. Hay profesiones con productividad muy alta a esa edad», señala Toni Roldán, portavoz adjunto de Ciudadanos. Para favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral, PP y Ciudadanos introdujeron en su pacto de investidura el compromiso de «compatibilizar la percepción del cien por cien de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena». La ministra de Empleo, Fátima Bañez, con quien Ciudadanos guarda una excelente relación, ya ha anunciado que lo aplicará.

Esta vía sería una forma de incrementar la vida laboral de muchos trabajadores que desean seguir trabajando pero sin subir la edad legal de jubilación. Algo que ningún partido se atreve a proponer pese al efecto de la realidad demográfica. Un supuesto que Podemos rechaza de plano. «En el contexto de exclusión de los jóvenes hablar de alargar la edad de jubilación es aberrante», apunta Alberto Montero, vocal en la comisión del Pacto de Toledo.

¿Impuestos para pagarlas?

Los socialistas han llegado a abogar por un nuevo impuesto específico para financiar las pensiones, que el resto no apoya. El PP siempre ha tenido como principio no elevar la presión fiscal;tampoco subir las contribuciones sociales. Pero el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, deslizó en verano que una opción es que las pensiones de viudedad y orfandaz pasaran a pagarse con impuestos. El PSOE rechaza esta posibilidad al entender que eliminaría su carácter contributivo y, con él, su proporcionalidad según lo cotizado. Los socialistas sí defienden subir la aportación adicional proveniente de la imposición general. En Ciudadanos descartan la vía de un impuesto específico porque «la clase media no debe asumir esa carga», indica Roldán. Tampoco Podemos lo defiende ahora, aunque Alberto Montero admite que «se podría estudiar». Pero su partido apostaría más por una figura tributaria que gravase rentas altas o bienes de lujo.

La portavoz del PSC en la comisión, Mercé Perea, dibujó ayer sus primeras líneas rojas al Gobierno antes de entrar en harina de negociación. Los socialistas presionan para que el Ejecutivo comparezca ante el Pacto de Toledo antes de volver a disponer del Fondo de Reserva, que está prevista para la extra de Navidad. Además secundan la reivindicación de los sindicatos para que se restablezca el tope del 3% como límite para detraer fondos. El Partido Democrático de Cataluña, la antigua Convergéncia, también mostró ayer su disposición inicial al acuerdo. Su portavoz aseguró que existe un «compromiso muy fuerte» por sostener el sistema público y alcanzar acuerdos «a medio plazo».

Pero la posibilidad de acuerdo radicará en la posibilidad de alcanzar consensos entre los principales partidos. Alberto Montero no excluye a Podemos de las negociaciones, pero considera muy difícil que su partido pueda participar del acuerdo porque «va a ser complicado cambiar la lógica de las últimas reformas de PP y PSOE que apuntaban a ampliar la vida laboral». Su apuesta eshaya parte del sistema contributivo «que se pague vía Presupuestos» y cambiar las politicas laborales que bonifican la contratación porque «deteriora las bases de cotización». En Ciudadanos también creen que el debate irá ligado a nuevas reformas en el mercado laboral porque «con pilares laborales precarios no se podrán tener pensiones dignas». Apuestan también por mejorar la transparencia del sistema para que el trabajador sepa en todo momento cuál va a ser su pensión y pueda tomar decisiones de ahorro.