El pacto Bildu-Sánchez en la Ley de Memoria Democrática ayuda a los proetarras a legitimar su relato
Extender el 31 de diciembre de 1983 el reconocimiento de las víctimas supone incluir el secuestro de Lasa y Zabala, que la izquierda abertzale utiliza para equiparar «todas las violencias»; la de ETA, y también la del Estado
El Gobierno se alía con Bildu para desatascar su Ley de Memoria Democrática
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El terrorismo de Estado contra ETA puesto en marcha, entre otros, por el Gobierno de Felipe González, estará incluido en la Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Congreso y que ampliará hasta el 31 de diciembre de 1983 el reconocimiento de las víctimas por esas actividades criminales. El 15 de octubre de ese año se perpetró en Bayona el secuestro de los etarras José Antonio Lasa Aróstegui y José Ignacio Zabala Artano , quienes tras ser retenidos primero en el cuartel donostiarra de la Guardia Civil de Intxaurrondo, y luego torturados en el Palacio de La Cumbre, fueron asesinados días más tarde. Los entonces guardias Enrique Dorado y Felipe Bayo los llevaron más tarde a Aguas de Busot (Alicante), les obligaron a cavar su propia fosa, y Dorado les disparó tres tiros en la cabeza. Después los enterraron cubiertos con cal viva. Actuaron, según la sentencia, por orden del su jefe de Comandancia, Enrique Rodríguez Galindo, y del subordinado de éste, Ángel Vaquero. También se condenó al gobernador civil, el socialista Julen Elgorriaga, porque tuvo conocimiento de esos hechos. Fue la primera salvajada atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pero la Audiencia Nacional no encontró pruebas de pertenencia a banda armada .
Hasta 1987 se sucedieron más crímenes de ese grupo terrorista, pero para los proetarras ninguno ha tenido un valor simbólico tan potente como el caso Lasa y Zabala para sostener su relato, que equipara «todas las violencias»: la de ETA, pero también la del Estado.
Sánchez es plenamente consciente de esta circunstancia y a pesar de eso ha querido hacer una concesión a uno de los socios que más le ha apoyado en esta legislatura. Y ello a pesar de que de alguna manera ese acuerdo con los herederos de Batasuna implica considerar pseudofranquistas a los gobiernos de Adolfo Suárez surgidos de elecciones democráticas de 1977 y 1979; incluso, al Ejecutivo de González, de 1982, al menos en su primer año.
La decisión es más dolorosa aún para todos aquellos que lucharon contra el terrorismo y lo sufrieron en sus carnes, que sienten cómo el pacto del Gobierno con Bildu legitima en el relato proetarra que equipara a las víctimas con los verdugos.
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