La UCO ocultó al juez los beneficios de Acuamed a partir de 2012

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió en un oficio de mayo de 2017 al entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de que Acuamed estaba realizando inversiones «especulativas» -con 500 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI)-, pero obvió en sus conclusiones que en gran medida gracias a esas inversiones la empresa pública obtuvo unos beneficios de 85,1 millones de euros entre 2012 y 2015.

La cifra consta en un Informe de Gestión de las Aguas de las Cuencas Mediterráneas de 2015 inscrito en el Registro Mercantil y que ya obra en el sumario del caso Acuamed. En él se recoge la evolución de cuatro ejercicios de la sociedad estatal (desde 2012 al 2015) y se destaca «la excelente gestión de los recursos financieros de la Sociedad», que posibilitó la obtención de un resultado final «por encima de los 13 millones de euros».

A finales de diciembre de 2011, Acuamed había cerrado con pérdidas superiores a los 4 millones de euros bajo la dirección de Carlos Massa, con Rosa Aguilar como ministra de Agricultura y Medio Ambiente durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El nuevo equipo directivo nombrado tras la llegada del PP al Gobierno, con Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, consideró urgente la obtención de financiación externa para hacer frente a la ejecución de las obras hidráulicas -presas, desaladoras, balsas y canalizaciones- encargadas por el equipo saliente, advirtiendo que «si no se formalizan nuevas operaciones de endeudamiento -explicaba Carlos Anibarro, director financiero-, únicamente podrá hacer frente a sus obligaciones hasta mayo de 2012».

Crédito de 500 millones

El Consejo de Administración de Acuamed acordó la aprobación de un crédito por parte del Banc o Europeo de Inversiones (BEI) de 500 millones de euros, que se firmó con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en junio de 2012. Tras recibir los fondos, Arcadio Mateo, exdirector general de Acuamed y principal imputado en la causa, contrató a dos empresas externas de asesoramiento también investigadas por sospecha de fraccionamiento irregular -Berenson Inversiones y Rose Garden Patrimonial, dirigidas por Francisco López Berrocal- para obtener una mayor rentabilidad, con la oposición del director jurídico -Javier Moya- y el visto bueno del departamento financiero.

El mayor recelo se debía a una carta de la Subsecretaría de la Dirección General de Patrimonio del Estado, que «recomienda no realizar operaciones financieras especulativas», para «evitar la asunción de riesgos», «salvo que se aporte por la sociedad justificación suficiente en otro sentido».

En su informe entregado al juez, la UCO incide en las pérdidas patrimoniales en relación a los fondos públicos invertidos: en concreto, un perjuicio de 4.500 euros de un Bono del Estado y de 27.900 por la liquidación de 45 contratos de Futuros sobre el Bono Español a 10 años. Además, 30.000 euros por gastos de gestión y mantenimiento de la cartera en operaciones «meramente especulativas y dependientes de la fluctuación del mercado». En total 62.400 euro.

También reconoce que las inversiones proporcionaron a las arcas de Acuamed «significativas plusvalías». Lo que no especifican al juez Velasco son los 85,1 millones de euros (casi 3 millones en 2012; 14,9 en 2013; 38,8 en 2014 y 28,4 en 2015) de beneficios por asumir un «riesgo innecesario» cuantificado en un total 62.400 euros.

Desde el 2012 las pérdidas heredadas de la etapa socialista fueron compensadas gracias a los resultados financieros, lo que permitió cerrar el año antes de arrancar la instrucción judicial con unos beneficios netos de casi 13,5 millones de euros. De esta forma, Acuamed equilibró sus finanzas durante la etapa de Isabel García Tejerina como ministra de Agricultura.