«Nunca renunciaremos a la desobediencia ni pediremos a la gente que lo haga»
Llarena sitúa a Anna Gabriel en el comité que coordinó el plan rupturista
La agenda del exsecretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové se ha convertido en una pieza clave de la investigación del juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo. Tanto es así que no solo ha servido para apuntalar los indicios contra los ya investigados, sino que las anotaciones del número dos de Junqueras llevaron al juez a imputar en diciembre a seis líderes independentistas por su participación en la hoja de ruta secesionista. Entre ellos, además de Artur Mas, estaba Anna Gabriel. La exdiputada de la CUP, a quien Llarena sitúa en el órgano creado para controlar el desarrollo del “procés”, está citada a declarar el 21 de febrero tras modificar el juez la fecha inicialmente prevista, el día 14, a petición de su abogado. Según Llarena, los miembros del Comité Estratégico «diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello».
Anna Gabriel tendrá que explicar al magistrado su papel en el plan rupturista, porque las anotaciones de Jové reflejan conversaciones con la CUP en las que queda patente que su dirección estaba informada y participaba en el camino al «procés». Según esos apuntes, Gabriel se mostró especialmente interesada en que se le avisara si se producían detenciones por la negativa de los independentistas a cumplir resoluciones judiciales. En concreto, la agenda atribuye a AG, a la que se identifica como la dirigente de la CUP, la petición dirigida al gobierno autonómico de que se pactara un «protocolo» y que «algún mando», presumiblemente de los Mossos, avisara a los cargos políticos de estos arrestos para que estuvieran informados. «Así nos podríamos coordinar», apuntó Jové reproduciendo las palabras de Gabriel.
No es la única ocasión en la que Anna Gabriel aparece en esa agenda, en la que quedaron registradas las reuniones de ese Comité Estratégico. Los encuentros ponen de manifiesto que la CUP, que hasta diciembre había pasado de puntillas por la investigación (al no estar ninguno de sus dirigentes en el punto de mira de la justicia), es una pata más que sustenta la estrategia de rebelión. «Nunca renunciaremos a la desobediencia ni pediremos a la gente que lo haga» , dijo Gabriel según la agenda de Jové.
Un horizonte penal complicado
A tenor de donde ha puesto el listón Llarena con los 22 imputados que ya han pasado por su juzgado es fácil aventurar el horizonte penal de Gabriel si ante el juez reitera los planteamientos de la CUP sin acatar la Constitución ni renunciar a las vías ilegales para lograr la independencia. Los que se negaron a hacerlo, no fueron lo suficientemente claros o se cree que podrían reeditar una «explosión violenta» en las calles (por su capacidad de movilización) están hoy entre rejas: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Junto a la exportavoz de la CUP, el juez Llarena imputó en diciembre a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; al expresidente de la Generalitat Artur Mas ; a la coordinadora del PdeCAT, Marta Pascal; a la diputada Mireia Boyá y a la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras. Está previsto que declaren los días 14 (Boyá), 19 (Pascal y Rovira), 20 (Mas y Lloveras) y 21 de febrero (Anna Gabriel).
En su escrito, Llarena explica que los hechos que investiga se han podido desarrollar bajo la «dirección y coordinación» de un conjunto de personas entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del disuelto Parlamento de Cataluña, así como los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia ( AMI) . El fundamento de sus sospechas no solo se encuentra en su condición de integrantes del Comité Estratégico descrito en el documento «Enfocats« (interceptado en domicilio de Jové), «sino en otra serie de elementos que pudieran corroborar lo que en este documento se recoge».
A juicio de Llarena todos estos nuevos investigados parecen haber tenido una participación principal y destacada en el proceso rupturista, «aportando el a poyo político que precisaron la actuación parlamentaria y la actuación de ejecución que llevaron este proceso a término», tal y como detalladamente se refiere en el atestado elaborado por la Guardia Civil.
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