Las cifras del 1-O: los 1.066 heridos de la Generalitat fueron cinco en realidad
El ministro del Interior, Juan Ignmacio Zoido, dice que el Govern infló la cifra de heridos: cinco graves y diez policías de baja
El despliegue especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detener el golpe independentista en Cataluña ha costado a las arcas públicas la friolera de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y horas extra de los 6.000 agentes implicados en la llamada Operación Copérnico. El dispositivo se inició a mediados de septiembre, en vísperas del referéndum ilegal convocado el 1 de octubre por la Generalitat, y se desactivó a finales deese mes. Fueron 105 días, lo que supone que el desembolso diario de Interior fue de 828.000 euros. Solo en los tres barcos, incluido el famoso «Piolín», el Ministerio del Interior invirtió 26,6 millones. Para tener una referencia del agujero que esto supone: España destina al año 85 millones en medios para luchar contra los incendios; 87 fueron para blindar policialmente Cataluña de los golpistas.
La cifra fue desvelada ayer por el ministro del Interior en el Senado, tras pedirlo PSOE y Bildu. Ningún grupo político cuestionó el coste extraordinario que ha supuesto el desafío separatista, solo en el blindaje policial. Durante cinco horas, con un receso breve de cinco minutos, el ministro explicó a los grupos parlamentarios detalles del operativo policial, hasta ayer reservados. Los independentistas catalanes no habían solicitado la comparecencia de Juan Ignacio Zoido, pese a que acusan al Gobierno de orquestar una ola de «represión» con violencia desproporcionada el 1-O. Según el balance del Govern hubo 1.066 heridos, pero el ministro lo rebajó a cinco graves y el resto contusionados. Diez policías recibieron la baja médica ese día y hubo 431 contusionados.
« La actuación fue legítima, fue profesional y fue proporcional », defendió el ministro. Los socialistas reprocharon al Gobierno de «improvisación» mientras que Podemos y los nacionalistas denunciaron «violencia desproporcionada». Zoido denunció que la «absoluta pasividad» de los Mossos aquella mañana, en lo que muchos ven la traición a última hora del exmajor Josep Lluís Trapero a las FCSE, elevó el coste a todos los niveles. Dio un dato elocuente: el 1 de octubre Trapero sacó a la calle a 7.850 mossos pese que existía la certeza de que habría desórdenes públicos. En cambio, el 21 de diciembre hubo 11.565 agentes desplegados para velar la jornada electoral.
Esa desidia de la Policía catalana obligó a la intervención de las FCSE en el último momento para cumplir con la orden del juez de impedir la votación ilegal. Pasadas las 9 horas, cuando los colegios estaban ocupados por cientos de ciudadanos. La mayoría «pasivos», pero entre los que se inscrutaron elementos «radicales» y organizados para recibir «hostilmente» a la Policía, según Zoido. El titular de Interior denunció la connivencia entre la Generalitat y los mandos de los Mossos el 1-O que se deduce, entre otras cosas, porque el Govern ofreció aquella noche datos de colegios electorales en los que la Policía autonómica catalana dijo haber impedido la votación ilegal. Los jueces dirán. Trapero está acusado de sedición.
Durante la jornada, las FCSE desactivaron 113 centros de votación y un centenar de locales. Zoido «lamentó» los heridos, de los que culpó a la «irresponsabilidad» del Govern por empujar a los ciudadanos contra la ley y la Policía. El ministro acusó a la Generalitat de inflar el balance de heridos, 1.066 registrados en centros de Salud: solo cinco graves. Entre ellos un hombre que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma. Zoido justificó el uso del material antidisturbios porque los agentes huían del «tumulto». El herido fue grabado en Barcelona lanzando una valla contra la Policía.
El Gobierno dio por desarticulado el referéndum, aunque el Govern hizo un recuento por la noche asegurando que votaron casi 2 millones de personas. Aunque el ministro admitió ayer que no saben cómo llegaron las urnas de plástico a los centros. «No tenemos ciencia exacta», dijo en la réplica a los grupos. El PSOE censuró la gestión del Gobierno, no la actuación policial. «Faltó previsión y sobró improvisación», aseguró Francisco González Cabaña.
Noticias relacionadas
