El número dos de Gürtel pide anular el juicio por la ilegalidad de las grabaciones que destaparon el caso

El abogado del número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha solicitado este martes a la Audiencia Nacional que anule el primer gran juicio a la trama de corrupción por la ilegalidad de las grabaciones que destaparon el escándalo, hace más de siete años. Según este letrado, no se puede confirmar la «autenticidad» de las conversaciones que grabó el acusado José Luis Peñas, un exconcejal de Majadahonda que grabó a las líderes de la trama y les delató ante la Policía Nacional. Otro miembro de la trama, Álvaro Pérez, conocido como «el Bigotes», el eslabón de la trama en Valencia, ha apoyado esta petición.

Las grabaciones de Peñas fueron objeto de «manipulación», asegura el abogado de Crespo, y fueron obtenidas ilegalmente, vulnerando el derecho a la intimidad de los afectados.

Su propósito era, según esta tesis, extorsionar a Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta y a quien la Fiscalía pide 125 años y un mes de prisión. El letrado, Miguel Durán, ha añadido que las grabaciones no han sido «validadas judicialmente» y que está rota la cadena de la custodia (quien tenía derecho a manejarlas). La Audiencia Nacional, tanto el juez que investigó como la Sala de lo Penal, ya confirmó la validez de estas grabaciones como prueba y rechazó en su momento esta alegación.

Este letrado, el primero que ha expuesto cuestiones de forma previas a los interrogatorios, también ha alegado que se ha vulnerado el derecho a un proceso justo porque se entregó el caso al exjuez Baltasar Garzón, elegido a propósito para perseguir al Partido Popular según su visión de lo sucedido. Durán ha defendido que se vulneraron las normas de reparto de la Audiencia Nacional (con las que se asignan habitualmente las investigaciones), al designar a Garzón por un único vínculo: la presencia del acusado Luis de Miguel, quien asesoró a un acusado en otra causa en manos del juez, el caso BBVA Privanza.

«No se puede negar la politización de este caso. Se están dando patadas al Partido Popular en el cuerpo de los acusados, en especial el de algunos», ha continuado el abogado del número dos de Gürtel, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide 85 años y 6 meses de cárcel. También ha recordado la nulidad de las grabaciones que se realizaron de las conversaciones entre algunos de los acusados y sus abogados en la prisión de Soto del Real, que provocaron la inhabilitación de Garzón y una condena por prevaricación del Tribunal Supremo.

A todas estas cuestiones no se ha sumado el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, quien ha renunciado a plantear alegaciones de forma en la primera sesión del juicio. Una decisión que casa con su actitud en los últimos días: Correa pidió a la Audiencia Nacional liberar 2,2 millones de sus cuentas embargadas para reparar el daño causado.

42 años para Bárcenas

Antes que las acusaciones, la Fiscalía defendió la validez de las grabaciones de Peñas como prueba, así como la de diversos registros en los que se incautó documentación decisiva para la causa. El Ministerio Público, que ha pedido un nuevo testigo y ha aportado nuevos documentos, ha señalado al tribunal que las autoridades suizas han autorizado a utilizar la información bancaria de Luis Bárcenas, una circunstancia decisiva para acusar al extesorero del PP. El Ministerio Público pide 42 años y 6 meses de cárcel para Bárcenas, aparte de por intervenir para favorecer a la trama corrupta, por esconder cerca de 50 millones de euros en cuentas en Suiza, entre lo ganado ilícitamente.

A la primera sesión del juicio no ha asistido la exministra de Sanidad Ana Mato, juzgada como responsable civil (por haberse podido lucrar de la trama sin conocer el origen ilícito del dinero), a pesar de la expectación entre los fotógrafos por su llegada. Al no estar sentada en el banquillo como acusada, la ley permite que no esté presente.

En esta pieza principal del caso Gürtel, la Fiscalía solicita penas que llegan hasta los 125 años de prisión (en el caso de Correa) para una trama que pervirtió la función pública y saqueó las arcas del Estado a través de una extensa red de empresarios y políticos corruptos. Esta vista oral se centra en las supuestas irregularidades cometidas en la llamada primera época, entre los años 1999 y 2005, en unas regiones concretas: las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, y los municipios de Madrid, Estepona, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón; una auténtica tela de araña corrupta.

En la misma sede, en un polígono industrial en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, la Audiencia Nacional también juzga a los acusados por las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia, una coincidencia que juntó en la entrada a los más de cien acusados por ambas causas judiciales, y dejó imágenes curiosas, como la distendida charla entre Correa y «el Bigotes» con Arturo Fernández, el empresario madrileño que gastó miles de euros con la Visa B en sus restaurantes.

Bárcenas aterrizó en el tribunal a las 9.10, cincuenta minutos antes de la hora prevista para el inicio del juicio, que se retrasó casi una hora, y fue increpado por los preferentistas, que suelen acudir a las sesiones judiciales contra los banqueros. A todos ellos les insultaron, al grito de «maleante» o «sinvergüenza». La vista oral comenzó a las 10.54, siete años y medio después de las detenciones del caso.