Desafío secesionista
Los mossos secesionistas temen una «traición» de Trapero
Asuntos Internos investiga si un centenar de agentes que permitió el 1-O cumplía o no órdenes del mayor
El «desconcierto» y la «total decepción» se han instalado entre los mossos más activamente proindependentistas ante la práctica evidencia de que, «acorralado» por la Justicia, su mayor, Josep Lluís Trapero, está dispuesto a «traicionar» ante el juez a los agentes que el 1-O que pudieron favorecer la celebración del referéndum ilegal , algunos de ellos incluso enfrentándose físicamente a policías nacionales y guardias civiles. Y es que la División de Asuntos Internos (DAI) del Cuerpo ha abierto por orden de la Dirección General de la Policía catalana, –encabezada por Pere Soler, jefe directo de Trapero en la Generalitat– una información reservada destinada a investigar «determinadas conductas individuales» de mossos durante aquella jornada de falsas votaciones a fin de determinar «posibles responsabilidades disciplinarias». Las sanciones podrían ir de 16 días hasta 6 años de suspensión de empleo y sueldo , en función de la gravedad. Pero cunde la creencia de que, más allá, el mayor intentará hacer valer ante la Audiencia Nacional que le persigue por sedición que aquellos comportamientos no respondían en absoluto a sus directrices, para con ello «limpiar su propia imagen» y salvarse judicialmente.
[ Sigue al minuto toda la información sobre la crisis catalana ]
En este sentido, en una reciente reunión en Barcelona, –según una fuente de dentro del Cuerpo que solo puede expresarse en condiciones de anonimato-, mandos indicaron que, aunque «la inmensa mayoría de mossos había hecho "bien" su trabajo, atendiendo las órdenes del mayor de cumplir estrictamente con la proporcionalidad y la preservación de la convivencia ciudadana, pero dijeron que no iban a justificar ni defender a los que claramente no hubieran cumplido los dictados del Cuerpo en relación a las órdenes de la Fiscalía y el Tribunal Superior de justicia de Cataluña (TSJC)».
Los 41 vídeos
En la raíz de la incoación de la «información reservada» en curso esta la entrega esta semana pasada por parte de la Benemérita a la Audiencia Nacional de 41 vídeos, en los que en torno a un centenar de mossos aparecen en colegios de toda Cataluña omitiendo su deber de impedir las votaciones mediante conductas de pasividad, cuando no colaborando abiertamente con el ilícito, por ejemplo en la recogida de urnas. Algunas de estas imágenes fueron captadas por los mismos independentistas que les aplaudían y que posteriormente las difundieron en las redes sociales.
Las sospechas de que Josep Lluís Trapero va ahora a «vender a esos agentes que el mismo fomentó, dándoles cada vez más poder» –según la fuente– parte de que, una vez recibidos los 41 vídeos, la Audiencia Nacional ha requerido a los Mossos D’esquadra que «identifique a todos y cada uno» de sus policías en esas grabaciones. Pero no que les investigue y menos dentro de «un proceso de Asuntos Internos que perfectamente se podían haber ahorrado».
«Pautas» por escrito
La inquietud crece en vista también de que la circular fechada el pasado día 18 en la que se notificó a los mandos esta iniciativa, y a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, admite que el objeto de la investigación interna es «tener toda la información» sobre lo que los mossos de los vídeos hicieron el 1-O «para poder contrastarla con las instrucciones dadas por la vía jerárquica» por escrito la víspera del referéndum simulado. Se trata del documento de tres páginas y media «Pautas de actuación para dar cumplimiento a las órdenes dadas por el TSJC en el marco de las Diligencias Previas 3/2007», en el que no hay prueba alguna de que a los mossos se les pidiera consentir las votaciones, sino de intervenir «sin afectar a la normal convivencia ciudadana, aplicando los principios de proporcionalidad y oportunidad».
Tampoco tranquiliza que la misma circular explique que la «información reservada no guarda ninguna relación con las solicitudes de información» que ha remitido la Audiencia Nacional y en el siguiente renglón se contradiga diciendo que la finalidad de la investigación interna es «dar una respuesta más compleja, rigurosa y adecuada a los requerimientos de la autoridad judicial respecto a las actuaciones del 1-O ». Añade que así se aportará «una mayor seguridad jurídica a todos los agentes que participaron en el dispositivo» que, por el contrario, se ven hoy mas expuestos que nunca. «Es de risa» ironiza un funcionario del Cuerpo.
En la Policía catalana no prevalece el principio que prohibe que un mismo hecho sea sancionado mas de una vez (non bis in ídem), de modo que los agentes podrían enfrentarse a las consecuencias del código disciplinario interno a la vez que a un proceso en los tribunales por presunto incumplimiento de las órdenes del TSJC.
Los sindicatos policiales han puesto a disposición de sus afiliados sus servicios jurídicos. Uno de ellos, el SPC avisó la semana pasada que los agentes «no deben asumir ningún tipo de responsabilidad» en caso de que sean imputados y recordó a la Jefatura de los Mossos que las «actitudes» del 1-O están «directamente relacionadas con el dispositivo que ellos diseñaron y con las instrucciones recibidas por los agentes en los briefings». «No nos gusta escuchar de los responsables expresiones como "determinadas actitudes no se pueden defender" o que "todos somos policías y sabemos lo que tenemos que hacer"», advierte el SPC.
Noticias relacionadas
