Artur Mas, ante el Tribunal de Cuentas por los gastos que generó el 9N - Vídeo: ATLAS

Mas, alejado de la realidad: «No era consciente de cometer una ilegalidad el 9-N»

El Tribunal de Cuentas juzga al expresidente de la Generalitat de Cataluña por los gastos del 9-N

MadridActualizado:

Artur Mas continúa alejado de la realidad. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, que está siendo juzgado este miércoles en el Tribunal de Cuentas, sigue defendiendo la legalidad de la consulta del 9 de noviembre de 2014, contra la que se han pronunciado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, las máximas instancias judiciales españolas.

«Yo no era en absoluto consciente de cometer ninguna ilegalidad», ha declarado a preguntas de los demandantes Mas, que ha llegado arropado por otros políticos secesionistas a la sede del tribunal encargado de fiscalizar el manejo del dinero público. Mas ha vuelto a manifestar que la Generalitat que el presidió no vulneró la prohibición del Constitucional, que había suspendido la consulta ilegal del 9-N, una votación en la que se preguntó a los ciudadanos catalanes si querían ser independientes.

Según el «expresident», la Generalitat cambió el formato del 9-N tras la providencia del Constitucional y dejó su organización en manos de los voluntarios, que llegaron a ser 40.000. Por ello, cambiaron el nombre de «consulta» a «proceso participativo». Ese nuevo envoltorio otorgó un carácter jurídico distinto a la convocatoria, alega Mas, a pesar de que en términos políticos fuese lo mismo. A esta explicación, ya rechazada por todos los tribunales, se agarra el antecesor de Carles Puigdemont para defender que no desoyeron la suspensión de tribunal garante. También ha criticado la «ambigüedad» de la suspensión del Constitucional. Mas ha reconocido, eso sí, que la finalidad era la misma: «Consultar al pueblo catalán».

En su declaración, Artur Mas ha invocado el manido supuesto mandato popular de los electores catalanes «por el derecho a decidir». «Nos guiamos por unas mayorías sólidas que nos obligaban a consultar a la gente», ha insistido el «expresident», el político que prendió la mecha que luego condujo al proceso secesionista ilegal, por el que estuvo imputado por rebelión pero luego quedó exonerado.

Fianza de 5,25 millones

También se ha escudado en el «contexto de ajustes durísimos» de 2014, para justificar el presupuesto para la compra de los 7.000 ordenadores que se emplearon para garantizar el soporte electrónico de la consulta. Según Mas, este material se encargó para «modernizar el sistema educativo catalán». «Era una prioridad de país», ha manifestado Mas. El Supremo, en la condena a un año y un mes de inhabilitación a Francesc Homs por un delito de desobediencia, dejó claro que la adquisición de los ordenadores fue uno de los signos que demuestra que la Generalitat impulsó y dirigió la votación que se celebró el 9-N.

En este juicio contable, Mas se juega perder la fianza solidaria de 5,25 millones de euros que tuvo que abonar junto a los demás acusados: los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, y cinco antiguos altos cargos de la Generalitat. La cifra de la fianza responde a los gastos que supuso la organización de la consulta, que se sitúa en unos 4,8 millones de euros, a lo que se añaden los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de fijación de la fianza. El Tribunal de Cuentas ordenó el embargo de bienes después de que los investigados no cumpliesen el pago íntegro de los 5,25 millones. Esa decisión afectó a la residencia habitual de Mas en la calle Tuset de Barcelona.

Tras la celebración del juicio, que consiste en una vista contable, no penal, el Tribunal de Cuentas resolverá si Mas y su equipo de gobierno son responsables contables por el desvío de fondos públicos. El Govern de Mas hizo oídos sordos a la Justicia y mantuvo la convocatoria e impulsó la celebración del 9-N, en el que participaron 40.000 voluntarios de las filas independentistas. La Generalitat desoyó la prohibición del Constitucional, que en una providencia suspendió y prohibió la celebración de la consulta, en la que participaron unos 1,8 millones de personas sin ninguna garantía. El TSJC condenó por ello a Mas, Rigau y Ortega por el delito de desobediencia, el mismo crimen por el que el Supremo también inhabilitó a Homs tras un juicio por los mismos hechos. La pena de inhabilitación de Mas es de dos años.