Marruecos dispara a España al primer puesto de la inmigración irregular de la UE
Con el reconocimiento de EE.UU. a su soberanía en el Sáhara, Rabat manda callar a Pedro Sánchez. Y da salida a sus jóvenes, en riesgo de estallido
Marruecos fue en 2019 la clave de la inmigración en España , recortada a la mitad por el taponamiento de las salidas en el Mediterráneo, y este año lo está volviendo a ser, pero para disparar la ruta a través de nuestro país como primera autopista de entrada del flujo de irregulares a la Unión Europea. La puerta esta vez son las Canarias.
Las acusaciones de «chantaje» contra el régimen de Mohamed VI han sido inmediatas. Pero remitir lo que parecería la enésima orden de «abrir el grifo» a las meras ansias económicas de Rabat sería simplista. La inmigración, apuntan los expertos, estaría siendo utilizada en estos momentos más bien como palanca para empujar al Gobierno de Pedro Sánchez a no interponerse en los planes del palacio real alauí sobre el Sáhara Occidental, recientemente bendecidos por EE.UU con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre la excolonia española.
Pero más allá del tablero exterior, la repentina permisibidad de Mohamed VI con las pateras tendría un profundo calado interno, en tanto está facilitando una vía de escape a sus jóvenes, desesperados por la superposición de la crisis económica y la pandemia , lo que es tanto como decir que el Rey está intentando apartar el riesgo de un estallido. «Marruecos está cerca de las huelgas de pan que agitaron las «primaveras árabes», es una olla a presión que necesita una válvula de salida... », plantea como hipótesis David Moya, profesor la Universidad de Barcelona y codirector científico del Anuario de la Inmigración del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob).
Los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) dependiente de la ONU reflejan que el 7 de noviembre, la ruta que une África occidental con España se situó como principal coladero al sobrepasar por entonces los 30.500 que acumulaba Italia. A finales de esta semana la brecha se ha agrandado, y mientras el país alpino va por las 33.312 incursiones, la cuenta española suma ya 39.909. De ellos, la estadística del Ministerio del Interior a día 15 es que 20.452 accedieron por Canarias y «aproximadamente la mitad» -según la comisaria europea también de Interior, Ylva Johansson- son de Marruecos. En las embarcaciones fletadas desde su costa atlántica también han viajado miles de argelinos y subsaharianos. Destaca la lanzadera de Dajla, a 500 kilómetros del archipiélago por mar.
Por encima de Italia
El salto de España a ese primer puesto del ranking europeo se produjo en medio de un mes récord en el histórico migratorio del archipiélago, el de noviembre, cuando se registraron en Canarias 8.157 irregulares. En todo el 2020 se habían computado 11.409.
Noviembre ya había sido el peor mes en 2019, pero en otras proporciones. Las pateras se multiplicaban esta vez hasta desbordar los recursos de acogida en las islas y probablemente después de sobrepasar las capacidades de control de Marruecos «sobre sus 2.700 kilómetros de costa sur, muy difíciles de vigilar por una cuestión física clara», como señala desde la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el profesor de Relaciones Internacionales Augusto Delkáder.
Pero todo ocurría al tiempo que, con absoluto desconocimiento de La Moncloa, Mohamed VI ultimaba ese reconocimiento de la Casa Blanca a la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que indirectamente apuntala los proyectos anexionistas y expansionistas del Rey. Incluyen la apropiación de aguas territoriales que afectan directamente a España con toda la pesca que hay en ellas, sus yacimientos y y hasta su espacio aéreo, ambiciones que el país vecino no quiere ver entorpecidas en ningún caso por peticiones de referéndum y demás iniciativas pro Frente Polisario promovidas desde el mismo Ejecutivo de Madrid. Léase, por Podemos, que sin ir más lejos, refrescó esas demandas aprovechando las hostilidades que afloraron entre Marruecos y el movimiento armado de independencia también en noviembre.
Con el «grifo» de la inmigración abierto -una expresión que ya forma parte del acervo bilateral- y el espaldarazo de Trump en el bolsillo, no es de extrañar que la cancelación a una semana vista por parte de Rabat de la cumbre hispano-marroquí que iba a reunir a su monarca y a Pedro Sánchez el día 17 en esa capital, acabara sonando a muestra de fuerza, cuando no de desdén. O de desafío.
La comisaria Johansson, -que amén de su homólogo de Vecindad, Oliver Varhelyi, y el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido una de las autoridades que han desfilado este 2020 por Marruecos- ha cuantificado las ayudas europeas desde 2018 a este país para control migratorio en 343 millones de euros.
La representante de la UE ya comentó durante su visita de hace veinte días que Bruselas pondría sobre la mesa la concesión de visados Schengen para los marroquíes a cambio de «negociar» con Rabat «la readmisión» de inmigrantes . La de sus propios súbditos quedó interrumpida entre marzo y noviembre por la alerta sanitaria. Pero también se refería Johansson a debatir sobre la aceptación de terceros: a que Marruecos recibiera, como hace Mauritania, a los de otras nacionalidades que utilicen el país norteafricano como plataforma para alcanzar España, lo que el miércoles fue rechazado por sus autoridades.
«Marruecos no está en la lógica de la subcontratacion e insiste en que cada país acepte su responsabilidad hacia sus ciudadanos», declaraba a Efe el jefe de control de fronteras del Ministerio del Interior, Khalid Zerouali.
No ha habido reproches en la órbita política a Pedro Sánchez por su silencio ante el comportamiento del país vecino, Vox y su agenda política al margen. Cualquier partido sabe que conviene no ofender al palacio real alauí. Las críticas se han centrado en la defectuosa gestión de los inmigrantes a su llegada al archipiélago, incluida la construcción a destiempo de campamentos de acogida que hacen temer la implantación en el archipiélago de un «modelo Lesbos», donde se hacina a los irregulares sin opción de salida rumbo a Europa.
A pesar de las contradicciones sobre los recientes vuelos a la Península, la intención expresa del Ejecutivo PSOE-Podemos es retener a los inmigrantes en las islas para su repatriación y frenar un «efecto llamada». Delkáder avisa de que restringir así su movilidad fuera de las 72 primeras horas «está directamente en contra de la ley» . «Quieren mandar un mensaje claro: que Canarias no es la UE, que desde allí no van a poder llegar a Europa. No es ético, pero tampoco efectivo, van a encontrar otra vía», avanza. El pronóstico de David Moya es que, en cuanto baje la atención mediática, les trasladarán a la España continental.
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