Marlaska lo niega todo

Primer asalto de esta tarde en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha sostenido ante quienes piden su dimisión por destituir hace un año al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe entonces de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que el cese fue «justo, ponderado y legal», como ayer predicó en el Senado. Lo ha repetido en contestación a sendas preguntas planteadas en sesión de control parlamentario por PP y Vox y en contra de lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional que ha catalogado tal decisión de «ilegal» y ordenado la resitución del mando en su puesto.

Marlaska ha recordado que la resolución no es firme , en espera también de que en las próximas horas tenga que volverse a defender de idénticos reproches durante el debate de dos interpelaciones urgentes que de nuevo plantearán Vox y el PP. «Este ministro y su equipo tienen derecho a pensar que el cese fue legal, ponderado y justo», ha insistido el exjuez.

La Audiencia Nacional determinó que razón del cese de Pérez de los Cobos no fue la pérdida de confianza, como el ministro siempre ha sostenido, sino en represalia por el hecho de que Pérez de los Cobos se negara a darle información sobre investigaciones relativas al 8-M de 2020. Grande-Marlaska ha reiterado lo suyo, invocando de nuevo su derecho a formar sus propios equipos y diciendo que para qué iba a necesitar él del coronel unos informes «que ya tenían los medios de comunicación».

Sus motivos han chocado con el desdén de las formaciones que hoy le interrogaban, y de las que ha tenido que oír descalificaciones como «falaz, cobarde, sectario e indigno» -palabra del diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro- o el rapapolvo de la parlamentaria del PP Ana Belén Vázquez, que le ha instado a que «no se arrastre más. Dimita si le queda algo de decencia».

La Audiencia Nacional considera «indiscutible» que «a pesar del deber legal de reserva y de la orden expresa de la magistrada», se cesó a Pérez de los Cobos «por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial». El Alto Tribunal subraya que Interior no podía haber actuado como lo hizo siquiera si se hubiera tratado de un cargo discrecional, por lo que ha visto en la actuación del Ministerio «un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional». Y añade: « El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos».