Manos Limpias recaudó los 103.500 euros investigados para poner un recurso inviable

Los 103.500 euros que se repartieron en metálico Miguel Bernad -secretario general de Manos Limpias- y Virginia López -abogada del sindicato-, y que les ha costado una querella de la Fiscalía por apropiación indebida, procedían de una colecta entre estafados que no tenía recorrido judicial. Así lo sentenció el Tribunal Supremo. Los hechos se remontan a 2010. López lideró una colecta de fondos entre las víctimas de la estafa de Fórum-Afinsa. Convencieron a casi mil afectados para que cada uno pagara al sindicato 110 euros y así conseguir que el Estado los indemnizara.

La tesis de Manos Limpias era que los sellos sí eran valiosos y que la intervención de Fórum-Afinsa por parte del Gobierno de Zapatero fue fraudulenta.

Oficialmente era Manos Limpias quien llevaba el caso, pero fue derivado a Virginia López, motivo por el que Miguel Bernad le entregó en metálico 51.750 euros para el «pago de honorarios», extraídos de la cuenta del sindicato en la que los afectados de Fórum-Afinsa ingresaron sus cuotas, tal y como destapó ayer ABC.

La abogada presentó el recurso en la Audiencia Nacional y fue archivado. Luego acudió al Tribunal Supremo con el mismo resultado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo cerró el caso con un duro auto contra los recurrentes el 21 de noviembre de 2013. La Sala aseguró que el recurso presentaba «carencia manifiesta de fundamento».

«Igual a otros ya rechazados»

El Supremo manifestó que la acción de Virginia López a través de Manos Limpias era lo que se conoce en el argot como «cosa juzgada». Otros ya la habían planteado antes y había sido rechazado. El presidente de la Sección Primera de la Sala, José Manuel Sieira, y los otros seis magistrados que la componían acordaron de forma tajante «la inadmisión del recurso de casación consistente en haberse desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales al ahora interpuesto».

Excolaboradores de Manos Limpias aseguran a ABC que el caso estaba «cerrado de inicio y se hizo saber, pero continuaron». El Supremo reprochó a los recurrentes «no haber tenido en cuenta la doctrina existente al formular el recurso». Además, la Sala dictó que «al ser inadmisible el recurso de casación, las costas procesales deben imponerse a la parte recurrente» (un máximo de mil euros). Virginia López acudió entonces al Tribunal Constitucional, que también rechazó sus pretensiones. El secretario general de Manos Limpias ha asegurado a ABC que han acudido «a Estrasburgo», pero este tribunal de Derechos Humanos «no tiene poder derogatorio», explican fuentes jurídicas. «Puedes conseguir una reparación moral, pero Estrasburgo se ocupa de asuntos de derechos fundamentales, como discrimanción por raza o sexo, no entra en temas de propiedad como Fórum-Afinsa».

Los gestores de esta sociedad inversora han sido condenados al pago de 2.259 millones de euros, cantidad que, obviamente, no satisfarán. Todos los tribunales han legitimado la intervención de Fórum-Afinsa.