Llarena suspende a Puigdemont y a los cinco diputados presos

El juez del Tribunal Supremo concluye la investigación del 1-O y declara la rebeldía de los fugados

La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont por malversación

Carles Puigdemont REUTERS | Vídeo: EUROPA PRESS

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El juez Pablo Llarena ha suspendido en funciones al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los otros cinco diputados presos (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez ) y deja en manos del Parlamento catalán la posibilidad de que sean sustituidos por otros parlamentarios de su candidatura.

A Toni Comin y a Meritxell Serret , huidos en Bélgica, no les suspende todavía al haber anunciado ambos que recurrirán en reforma el auto de procesamiento, lo que hasta el momento no habían hecho. El juez explica su decisión en el auto de conclusión de la causa del órdago independentista que ha dictado este martes, en el que declara la rebeldía de los procesados fugados : Puigdemont, Comín, Lluis Puig, Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel.

Llarena señala que la medida de suspensión es automática en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . Recuerda que se trata de una medida cautelar de naturaleza pública y extraordinaria que persigue preservar el orden constitucional «impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad». Destaca que la medida de suspensión quedaría sin efecto si finalmente se atribuye a los procesados otras infracciones penales distintas de la rebelión.

Por otra parte, el instructor considera suficiente la fianza de 2.135.948,06 euros ingresada por la Asamblea Nacional Catalana en la cuenta de consignaciones del Tribunal Supremo para responder de las posibles responsabilidades civiles de los procesados.

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