Una justicia sin tregua

El gran revés que ha sufrido la lucha antiterrorista en el ámbito judicial durante los últimos cinco años ha venido de Estrasburgo. El Tribunal de Derechos Humanos tumbó en 2013 la doctrina Parot, la interpretación que sobre la acumulación de condenas había llevado a cabo el Tribunal Supremo y que había posibilitado retener en prisión a etarras y otros sanguinarios delincuentes condenados a penas milerarias. El hecho de que pudieran beneficiarse de las redenciones ordinarias y extraordinarias previstas en el Código Penal de 1973 implicaba que pudieran salir de prisión habiendo cumplido apenas 17 ó 18 años del máximo de 30 previstos en aquella legislación. En el caso concreto de Henri Parot, autor de la matanza de Hipercor, esto se traducía en que sería excarcelado sin haber cumplido ni siquiera un año de condena por cada uno de los 16 asesinatos que se le atribuían.

El Tribunal Supremo estableció entonces que estas redenciones no fueran descontadas del máximo de 30 años que un preso podía estar en la cárcel, sino de cada una de las conenas impuestas, lo que permitía que el delincuente en cuestión –entre los que también se encontraban violadores y asesinos en serie– estuviera preso al menos durante esas tres décadas. Pero Estrasburgo no dio el visto bueno a la ingeniería jurídica española, y su decisión supuso un jarro de agua fría para la lucha antiterrorista, para las víctimas y para la sociedad en general, que tuvo que asistir incrédula a la excarcelación de más de sesenta etarras –Inés del Río, Domingo Troitiño, «Kubati»...– y de otros delincuentes con importantes historiales sanguinarios tras haber cumplido condenas irrisorias.

El caso Bolinaga

La segunda sombra en la contundente lucha contra ETA desde el frente judicial fue la puesta en libertad del etarra Jesús María Uribetxeberria Bolinaga, uno de los miembros de ETA que mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante 532 días en un agujero de dos metros de ancho por tres de largo. Condenado a más de 200 años de cárcel, el etarra moría en su casa en enero de 2015 como consecuencia de un «cáncer terminal» que motivó que la Audiencia Nacional lo dejara en libertad condicional nada menos que dos años y medio antes y con el informe favorable de Instituciones Peniotenciarias (dependiente de Interior). Su excarcelación «por razones humanitarias» ante la enfermedad terminal que sufría fue duramente criticada por las víctimas del terrorismo, que la vieron como una traición del Gobierno de Rajoy.

No menos polémica fue la excarcelación del dirigente etarra Santi Potros después de que la Audiencia Nacional decidiera descontarle los diez años que estuvo preso en Francia. El Tribunal Supremo enmendó el error y volvió a ordenar su detención e ingreso en prisión.

Igual que no la hubo durante la tregua de ETA, durante estos últimos cinco años la justicia española ha seguido firmemente comprometida en su lucha contra el terrorismo, en la que ha habido más luces que sombras. La maquinaria judicial funciona: los etarras siguen siendo juzgados y cumpliendo sus condenas, y los tribunales no tienen intención de dar carpetazo a los todavía más de 300 crímenes de ETA que quedan sin resolver. Muchos de ellos ya han prescrito.