El Supremo estudia si investiga a Borràs por contratos a dedo
Habría encargado trabajos por valor de 45.000 euros a un conocido
Una jueza de Barcelona fue quien había abierto las diligencias para investigar unos supuestos contratos irregulares cuando Laura Borràs dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) . Pero la política posconvergente es ahora diputada en el Congreso de los Diputados y, por tanto, aforada por la Cámara Baja. Por eso, sería el Tribunal Supremo el único con competencias para imputarla. Y en este capítulo se encuentra ahora esta causa, que el juzgado barcelonés comenzó a instruir hacer ahora exactamente un año.
Esa jueza barcelonesa, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital catalana, pidió recientemente al Tribunal Supremo que asuma la investigación contra la política independentista al considerar que era de su competencia como diputada en el Congreso. Y, ahora, el alto tribunal ha requerido a la Fiscalía que se pronuncie en un informe sobre si cree este sería el competente para investigar estos supuestos contratos irregulares.
Contratos sospechosos
Antes, la juez de Barcelona había remitido un escrito al Congreso solicitando una «certificación acreditativa» para confirmar la condición de diputada de quien había sido consejera de Cultura y portavoz de Junts per Catalunya (JpC) en la Cámara Baja. La Mesa del Congreso respondió entonces a la magistrada con un escrito en el que le recordaba que «la relación entre poderes constitucionales, como es el caso de las Cortes Generales y el Poder Judicial, debe hacerse siempre a través de sus más altos órganos», por lo que correspondía al Supremo cursar esa petición, si así lo consideraba procedente. Le recordaba, además, que el Supremo ya cuenta con una «relación actualizada» de los miembros de la cámara.
En definitiva, burocracia judicial para poder citar como investigada a la diputada secesionista dentro de una causa que, hasta ahora, se centraba en un colaborador de Borràs cuando esta dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Los contratos investigados corresponden a tres trabajos digitales por un importe total de 45.500 euros, que Borràs encargó presuntamente entre los años 2015 y 2017 –cuando dirigía la ILC– a un programador informático que había colaborado con ella en un máster que la exconsejera impartía en la Universitat de Barcelona (UB).
La juez, que ordenó a los Mossos d’Esquadra registrar el Centro de Telecomunicaciones de la Información (CTTI) de la Generalitat y la ILC en busca de los expedientes sobre esos trabajos, ha investigado si los contratos fueron troceados para eludir la convocatoria del preceptivo concurso público.
Ante posibles indicios de la implicación de Borràs en las presuntas irregularidades, la juez decidió llevar el caso al Supremo, de forma que sea el alto tribunal el que decida si abre una investigación a la diputada. Hasta ahora, las pesquisas se habían centrado en ese colaborador de la política independentista, que está procesado por tráfico de drogas y falsificación de moneda en otra causa.
Borràs declina ahora dar explicaciones
Al ser preguntada sobre este asunto a las puertas de la Cámara Baja, Borrás ha rehusado pronunciarse sobre el mismo porque ha dicho que ya dio «todas las explicaciones» que tenía que dar en el Parlament , su «máximo personal de rendición de cuentas y transparencia» y donde ya respondió a todas las preguntas que le hicieron los grupos parlamentarios catalanes y aportó toda la documentación precisa.
Tras recordar que el pasado mes de julio ya denunció que esta era una investigación con «una motivación política», la independentista catalán se ha reiterado en no va a dar más explicaciones sobre este asunto porque ya las dio donde las tenía que dar y «de manera voluntaria»
