El juez Velasco pide al TSJ de Murcia que impute al presidente de Murcia por tres delitos

El juez de la Púnica, Eloy Velasco, ha pedido este lunes al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que impute al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, por tres delitos: fraude, cohecho y delito de revelación de información reservada. El magistrado considera que el político popular, al que sostiene Ciudadanos en el Gobierno de Murcia, enmascaró trabajos de reputación en internet de carácter privado (para el beneficio de su carrera política) en supuestos servicios a la Consejería de Educación de Murcia, según han informado fuentes jurídicas. El juez de la Audiencia Nacional no tiene competencia para imputar a Sánchez al estar aforado como presidente regional, razón por la que se lo pide al TSJ de Murcia, el competente.

Según el magistrado, Pedro Antonio Sánchez se concertó con el empresario Alejandro De Pedro, también imputado en la causa y experto en mejorar la imagen de poderosos a través de internet, para «limpiar» con dinero público su imagen, en horas bajas por las numerosas investigaciones abiertas contra él. Sánchez, que en ese momento era consejero de Educación, buscaba salvar su reputación para la campaña política de las elecciones a la Presidencia de la Región de Murcia. Sánchez ganó los comicios regionales de 2015 y se convirtió en presidente de Murcia, un cargo que ahora pende de un hilo por la presión de Ciudadanos.

En su exposición razonada, de 32 páginas, el juez explica que estos trabajos Sánchez «no los sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente»: lo que hizo el presidente de Murcia, según los indicios recabados por el juez, fue encargarlo a las empresas de De Pedro, Eico y Madiva. Esos trabajos se empezaron a realizar como adelanto de una futura adjudicación «hinchada» en contratos públicos de formación para las empresas de De Pedro, afirma Velasco en el escrito.

Los trabajos de reputación se fijaron en un coste de 4.600 euros al mes, una partida que incluía los honorarios de un periodista para un diario digital creado para la ocasión, la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de reputación personal. Duraría 7 meses, de noviembre a mayo de 2015, justo en la antesala de la campaña para las elecciones autonómicas y locales de 2015. El juez reconoce que el dinero no se llegó a cobrar ni los supuestos servicios de «formación» se adjudicaron, ya que la operación policial contra la trama Púnica explotó a finales de octubre de 2014 y abortó los planes de Sánchez.

El juez también responde en su escrito a la versión de la Fiscalía, que ordenó no acusar a Sánchez, al considerar que los trabajos de reputación y el contrato en cuestión no se llegaron a formalizar, una razón por la que no existirían los indicios de los delitos según el Ministerio Público, la misma tesis utilizada por el presidente de Murcia y por el Partido Popular para exonerarle y salvar su cargo. Velasco explica que el delito de fraude se consuma sin necesidad de que se produzca en la práctica el perjuicio patrimonial, resultado en cuyo caso estaríamos ante un delito de malversación de caudales públicos. El «mero acuerdo o concertación» es suficiente para que existe el fraude, insiste el juez, quien explica que el bien jurídico que se protege en este caso es la «transparencia y publicidad de la contratación de entes públicos».