El juez propone sentar en el banquillo a 105 personas por la trama de blanqueo de Gao Ping
Guardias civiles, policías, empleados de banca o el actor porno Nacho Vidal, entre los procesados
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a un total de 105 personas en la causa por la denominada Operación Emperador, la macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.
El instructor considera que los hechos constituyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos.
La resolución, que pone fin a la instrucción de este procedimiento, da un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.
Además de contra Gao Ping, el juez dirige el procedimiento contra otros miembros de la cúpula de la organización, de la Guardia Civil, de la Policía como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo, empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos. El juez también propone juzgar a Ignacio García Jordá, actor de cine de adultos conocido como «Nacho Vidal» .
El juez expone que a partir de la diligencias de entradas y registros ejecutadas, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, «aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional , encabezada por Gao Ping, compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales, constituyendo al efecto un entramado de sociedades pantalla, al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros, y confeccionando los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas».
Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja de Fuenlabrada para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.
Reparto de funciones
Según el juez, la investigación ha acreditado la existencia de una macroorganización bajo el liderazgo absoluto de Gao Ping, que «de forma permanente y sistemática durante años defraudó a Hacienda y blanqueó las ganancias obtenidas a través de una pluralidad de sociedades donde cada investigado tenía distribuidas de forma milimétrica y perfecta sus funciones y cometidos».
Esta organización criminal se estructuraba en un primer gran bloque, compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la hacienda Pública. Para ello, registraban un número menor al real de los artículos que entraban en los contenedores y declaraban otro tipo de productos distintos a los reales. Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del Polígono de Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y en la localidad toledana de Seseña y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros .
Las mercancías se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organización «una inconmensurable cantidad de dinero en metálico» que posteriormente enviaban a China, «fuera de los cauces legalmente establecidos, a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario».
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