El juez procesa a Ignacio González por corrupción en su etapa al frente del Canal de Isabel II

La Audiencia Nacional investiga la compra de la empresa brasileña Emissao en 2003

Ignacio González, en una imagen de archivo EP

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El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido procesado este lunes por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en una pieza del caso Lezo, la rama que investiga la compra de Emissao por el Canal de Isabell II, en una operación desarrollada entre 2012 y 2014.

El magistrado Manuel García Castellón ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha enviado a juicio al expresidente. Este paso significa que los indicios de la investigación, dada por cerrada por el juez instructor, son suficientemente sólidos para juzgar a González por corrupción.

Según ha acreditado la investigación, siempre en fase indiciaria hasta que se celebre el juicio, la compra de Emissao por 23,3 millones de euros escondió comisones irregulares para González y sus socios, en la etapa en la que el político popular estaba al frente del Canal, la todopoderosa empresa de aguas madrileñas. Emissao se devaluó hasta 5 millones de euros. El juez cifra en 1,8 millones la comisión irregular que de embolsó González.

«El proceso de compra de Emissao estuvo plagado de ilicitudes y supuso una salida indebida de fondos públicos en perjuicio de la administración autonómica por un importe entre 6,4 y 9,6 millones de euros, debido al sobreprecio pagado por su adquisición», explica el juez en el auto de procesamiento.

Además del antiguo presidente de la Comunidad de Madrid con el PP, el juez procesa a otras seis personas, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino , el hombre fuerte de González en Iberoamérica. El juez archiva la causa para otras catorce personas.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la iniciativa de esta operación fue de González, que presidió el Canal entre 2003 y 2012. En el caso Lezo, la Audiencia Nacional investiga diversas operaciones con las que se internacionalizó la empresa pública que gestiona las aguas madrileñas, un proceso cuestionado por la Justicia.

Esta causa no es la primera que se cierra del caso Lezo. El magistrado ya procesó a los investigados por la compra de Inassa, una sociedad colombiana, en 2001, con la que comenzó la sospechosa expansión del Canal.

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