El juez procesa a cinco dirigentes de ETA, entre ellos «Josu Ternera», por lesa humanidad

Procesados por delitos de lesa humanidad. El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha enviado a juicio a cinco antiguos dirigentes de ETA, entre ellos el histórico fugado José Antonio Urruticoetxea, alias «Josu Ternera», por un delito de lesa humanidad como máximos responsables de los asesinatos cometidos por la banda terrorista desde octubre de 2004. El juez, que admitió a trámite las querellas de las asociaciones de víctimas, considera que ETA realizó un «ataque sistemático» contra la población civil con el objetivo de eliminar y expulsar del País Vasco a quienes consideraba «sus enemigos políticos».

Además de «Josu Ternera», los cuatro restantes pistoleros procesados son los también dirigentes etarras Garikoitz Aspiazu, alias «Txeroki», Mikel Carrera Sarobe, alias «Ata», Ángel Iriondo Yarza y Aitor Elizarán Aguilar.

En la resolución judicial, Juan Pablo González, además de detallar todos los atentados cometidos por ETA en el periodo investigado, solicita la detención y el ingreso en prisión de «Josu Ternera», quien se encuentra fugado. Para ello, ha librado órdenes de detención internacional y europea con fines extradicionales.

Los dirigentes etarras tienen un plazo de un día para pagar una fianza cada uno, que tiene carácter solidario. Será de dos millones de euros en el caso de «Josu Ternera»; de cinco millones, en el de «Txeroki»; de siete millones, en el de «Ata»; de seis millones, en el de Iriondo; y de cinco millones, en el de Elizarán. El juez enumera todos los atentados mortales cometidos por ETA desde octubre de 2004 y atribuye cada uno de ellos a los etarras procesados, como dirigentes. Entre ellos, se encuentran el asesinato del exconcejal del PSOE Isaías Carrasco, tiroteado en la puerta de su casa en Mondragón en 2008; el del empresario Ignacio Uría; el del inspector de Policía Eduardo Puelles; o el de los dos transeúntes fallecidos en el atentado en el aparcamiento de la terminal T4 de Barajas.

La resolución judicial asegura que la estrategia de ETA fue combinar «la práctica del terrorismo y la presión social para amedrentar»; con la intención de generar una «situación insostenible» en el Gobierno español «que le obligara a negociar políticamente con la banda terrorista y finalmente aceptar sus pretensiones». Así, sus ataques sistemáticos contra la población civil se cometieron «en razón de la pertenencia de las víctimas a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas».

El juez, quien deja fuera del procesamiento a otros dirigentes etarras decisivos en este periodo, asegura que la responsabilidad de la cúpula de la banda terrorista existe porque estos etarras «tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado».

Entre los pistoleros que formaron parte de las cúpulas pero no han sido procesados están los históricos Mikel Albizu, «Mikel Antza», y su pareja Soledad Iparraguirre, «Anboto», así como la recién caída Iratxe Sorzábal. El juez argumenta que, en las fechas en las que estuvieron al mando de la banda terrorista, contabilizadas desde octubre de 2004, cuando entró en vigor el delito de lesa humanidad en nuestra normativa, «no consta la comisión de ningún delito de naturaleza grave». Aún así, podrán ser investigados por los delitos de terrorismo cometidos durante su dirección. ETA rinde cuentas por su plan macabro.