El juez pone a las puertas del banquillo al exministro Jorge Fernández por el espionaje de Kitchen
Deja fuera de la causa a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado por concluida este jueves la investigación del caso Kitchen, el presunto espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas y propone juzgar, entre otros, al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su número dos, el exsecretario de Estado Francisco Martínez . El magistrado deja fuera, por falta de indicios, a la exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.
En el auto de transformación a procedimiento abreviado, el juez descarta la existencia de una trama política ajena al Ministerio del Interior delimitando los hechos objeto de enjuiciamiento sobre la base exclusivamente de los indicios existentes.
Junto con el exministro y su numero dos, cae la excúpula policial: el exdirector adjunto Operativo Eugenio Pino; los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Angel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, el comisario jubilado y principal investigado en la macrocausa Tándem José Manuel Villarejo, y el chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva. García Castellón considera que el operativo policial (puesto en marcha para sustraer a Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel) incurrió en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencia y malversación .
Señala el magistrado que, pese a saber que se trataba de una actuación ilegal, los investigados pusieron en marcha este operativo en una fecha que no se ha podido determinar entre 2012 y 2013. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y máximo responsable político de este departamento, "con abuso de sus funciones y conocimiento de su ilicitud, instó a Francisco Martínez, quien fuera, primero su jefe de Gabinete y desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, para que pusiera en marcha una misión encaminada a la obtención de información y documentación que pudiera estar el poder" de Luis Barcenas.
Cadena de mando
"El objetivo era sustraer dicho material de la autoridad judicial en la investigación que se llevaba a cabo en el marco de la pieza separada de las DP 275/08 denominada 'Papeles de Bárcenas', en el seno del procedimiento Gürtel. Según el relato de García Castellón, Francisco Martínez asumió la coordinación de la operación, que se encomendó, en cuanto a su planificación y desarrollo al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino. Pino, a su vez, encargó esta operación a José Manuel Villarejo, quien, para su ejecución, se sirvió en un primer momento de Marcelino Martín Blas, que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía, y posteriormente de Enrique García Castaño, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Este último asumió personalmente el compromiso de llevar a buen puerto la misión, sirviéndose de la Unidad Especial de Seguimientos adscrita a dicha Unidad.
La operación consistió en captar a un colaborador, cercano a la familia Bárcenas, capaz de facilitar la información y el acceso a la documentación que se estaba buscando. La persona elegida fue Sergio Ríos, desde principios de febrero de 2013 chófer del matrimonio Bárcenas y persona de máxima confianza del entorno familiar.
El DAO Eugenio Pino Sánchez, habría encomendado tanto a Villarejo como a García Castaño el desarrollo de labores operativas para ganarse la confianza y lograr la colaboración activa de Sergio Ríos. A cambio le entregarían 2.000 euros mensuales, más gastos, procedentes de los fondos reservados, y el posterior ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía.
La resolución indica que las actuaciones practicadas han permitido constatar que, "sin perjuicio de las directrices dadas por el ministro, y las motivaciones que pudiera tener este, la finalidad que guiaba tanto a Villarejo Pérez como a Enrique García Castaño, sería realmente la de incautar y mantener dicha documentación en su poder , sin entregárselo a sus superiores, para poder obtener algún tipo de beneficio personal; extorsionando o presionando con la misma a cargos públicos o responsables del Ministerio del Interior, o bien simplemente con la finalidad de preservar sus respectivos cargos en la cúpula policial y la impunidad en las actividades ilícitas que, presuntamente, venían desarrollando de forma paralela".
