Una juez no frena las expulsiones en Ceuta contra el criterio de la Fiscalía
No entra a analizar su legalidad; se habían realizado antes de poder dictar el auto
La juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Ceuta, en funciones de guardia, rechazó ayer detener las repatriaciones de menores marroquíes que se están realizando desde el pasado viernes en grupos de 15.
La Coordinadora de Barrios -una ONG especializada en infancia migrante- en representación de ocho menores, había solicitado la adopción de medida cautelarísima consistente en ordenar a la Delegación del Gobierno en Ceuta la suspensión de las expulsiones que se están produciendo tras el pacto entre los ejecutivos españoles y marroquí para tramitar el retorno de, al menos, 150 menores acompañados de los casi 700 que todavía permanecen en instalaciones dependientes de la ciudad autónoma y que entraron en ella ilegalmente en la avalancha que se produjo a mediados de mayo.
La juez no entra a valorar el fondo de la cuestión, si las devoluciones que se están realizando en virtud de la aplicación de acuerdo rubricado con Marruecos en 2007 y antes nunca aplicado en Ceuta son conforme a la legislación. En su auto la juez justifica la denegación de la suspensión porque en el momento de tomar su decisión la última de las devoluciones (la producida ayer y con la que ya son 45 los menores repatriados) ya se había producido, al igual que las dos anteriores, por lo que «la finalidad de asegurar la efectividad de la sentencia que en su caso pueda recaer ha decaído».
La Coordinadora de Barrios presentó su escrito a las 09.55 horas, cuando tuvo constancia de la identidad de ocho de los 15 menores elegidos para ser devueltos desde el paso de la frontera del Tarajal. Su devolución se produjo sólo cinco minutos después.
Paso adelante del fiscal
La iniciativa judicial de esta entidad social estaba respaldada por la Fiscalía, que también se había unido a la petición de suspender las devoluciones. Este paso adelante de la Fiscalía se produce después de que, como adelantase el pasado viernes ABC, el Ministerio Público expresase sus quejas por la forma de actuar del Ministerio del Interior y asegurase de que las medidas tendentes a la repatriación de los menores se habían adoptado «sin consultar en absoluto» con ella.
Por ello, tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía de Ceuta se incoaron diligencias para recabar información puesto que lo único que conocían era una comunicación «genérica» del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Las críticas al proceso iniciado por el Gobierno en Ceuta no sólo vinieron de la Fiscalía. Dentro del propio Gobierno se sumó el Ministerio de Derechos Sociales al considerar que Interior no había dado respuesta alguna a los requerimientos del departamento que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra , y que pasaban por trabajar en un protocolo individualizado para cada menor, no grupal, tal y como exige la legislación. Además, también han expresado sus quejas diferentes ONG como Save the children y Amnistía Internacional. Hasta el Defensor del Pueblo se ha unido a las críticas y ha exigido la paralización de las expulsiones, al igual que el Departamento de Inmigraciones de la Conferencia Episcopal que el sábado reprendió al Gobierno porque «la respuesta a las llegadas masivas no pueden ser devoluciones masivas, sino que cada caso debería ser examinado de manera personalizada».
Desde el PP ayer se alzaron voces críticas. Su portavoz nacional y alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeid a, acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de no dar la cara para explicar el acuerdo que está permitiendo la devolución de menores y pasar de «acoger el Aquarius a devolver en masa menores a Marruecos».
