Referéndum Cataluña
La juez Lamela abre una investigación por sedición por el acoso a la Guardia Civil en Barcelona
La Fiscalía denunció los disturbios y pidió identificar a los responsables
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido investigar por sedición el acoso que sufrió la Guardia Civil en la operación contra el referéndum ilegal el pasado 20 de septiembre , cuando fueron arrestados 14 altos cargos de la Generalitat del equipo de preparación de la consulta ilegal. La magistrada era la encargada de estudiar la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que informó de los disturbios sucedidos en Barcelona y pidió identificar e investigar a los responsables de lo sucedido. Lamela admite la denuncia, argumenta que el delito de sedición es competencia de la Audiencia Nacional porque «supone al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno» y pide el atestado de los hechos.
La Fiscalía denunció una multitud independentista acosó a los agentes de la Guardia Civil que desarrollaron una operación policial contra los organizadores del referéndum independentista ilegal. El Ministerio Público considera que los actos de los secesionistas, que retrasaron la salida de los agentes y la comitiva judicial de la Vicepresidencia y Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña, que fue registrada, podrían suponer un delito de sedición, que está castigado hasta con quince años de prisión por la ley.
El operativo de la Guardia Civil que desactivó la preparación del 1-O se desplegó a primera hora de la mañana del pasado miércoles y hasta pasada la medianoche los Mossos d'Esquadra no dispersaron a los manifestantes que rompieron cristales, realizaron pintadas (algunas amenazantes) y dañaron la tapicería de los coches en los que se habían desplazado los agentes del instituto armado para realizar el registro en la sede del Govern. La secretaria judicial del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona tuvo que llamar por teléfono al juez Juan Antonio Martínez Sunyer para informarle de que no podían abandonar el lugar.
A lo largo del auto, la juez Lamela señala que los hechos podrían ser constitutivos del delito de sedición previsto en el artículo 544 del Código Penal , ya que una multitud de personas pretendía «impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran desarrollar sus funciones». Esas funciones quedarían en entredicho si son impedidas por la fuerza.
De igual modo, la magistrada argumenta que como delito contra la forma de gobierno de España, en la medida en que los actos estaban dirigidos a «romper la organización territorial del Estado y separar del mismo una parte de su territorio quebrantando el principio de la unidad de la nación española», compete su conocimiento a la Audiencia Nacional y no a otro órgano de la jurisdicción ordinaria, ya que su cometido es enjuiciar los «delitos contra el titular de la corona, su consorte, su sucesor, altos organismos de la nación y forma de gobierno», de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Lamela distingue así entre diferentes sediciones , según la intención última de los autores, pues no todos son competencia de la Audiencia Nacional. La juez considera que en este caso sí, y, por todo ello, acuerda estimar la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal y abrir diligencias de investigación contra las personas que impidieron el trabajo de los servidores públicos en Barcelona, cuya actuación considera que podría ser constitutiva de infracción penal. La Fiscalía no identificó a los responsables de los disturbios pero sí señaló como instigadores a los líderes de la ANC, Jordi Sánchez , y de Ominum, Jordi Cuxiart .
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