El juez Florit en una imagen tomada el pasado mes de marzo
El juez Florit en una imagen tomada el pasado mes de marzo - Archivo

El juez que incautó los móviles a dos periodistas que cubrían el caso Cursach se sentará en el banquillo

El magistrado Miquel Florit será juzgado como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de interceptación ilegal de comunicaciones

Palma de Mallorca Actualizado: Guardar
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La juez del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Felisa Vidal ha dictado este viernes un auto de apertura de juicio oral por varios presuntos delitos contra el anterior instructor del caso Cursach, el juez Miquel Florit, que fue el magistrado que a finales del pasado año ordenó el requisamiento de los teléfonos móviles de dos periodistas que habían estado cubriendo informativamente el caso Cursach. La apertura de juicio oral será también contra el Estado, como responsable civil subsidiario.

En su auto, la juez Vidal señala que «existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado». Florit será juzgado, en principio, como presunto autor de los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional y de interceptación ilegal de comunicaciones. La magistrada requiere además al acusado que, en un plazo de cinco días, abone la cantidad de 60.116 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias a que pudiera haber lugar. Contra la resolución de este viernes no cabe la presentación de ningún recurso.

Cabe recordar que en el caso Cursach se investiga, esencialmente, la existencia de una supuesta trama de corrupción policial, política y empresarial, cuyo presunto impulsor sería el magnate mallorquín Tolo Cursach, quien durante décadas fue el principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares. La clave de la citada supuesta trama estaría en que, presuntamente, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Por su parte, Cursach siempre ha negado la existencia de esa posible trama.

Un caso complejo

La instrucción de lo que hoy se conoce genéricamente como el caso Cursach fue iniciada hace algo más de un lustro por la juez Carmen González, que dejó la causa por un cambio de destino. Seguidamente, pasaron a ocuparse del caso el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. El citado juez fue apartado de la causa en marzo de 2018 por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad». Además, el propio Penalva y también Subirán podrían acabar siendo juzgados en los próximos meses por varios supuestos delitos cometidos durante la instrucción, entre ellos los de denuncia falsa, revelación de secretos, coacciones y amenazas.

El sustituto de Penalva al frente de la instrucción del caso Cursach fue el ya citado juez Florit, quien, como se ha indicado, se sentará ahora en el banquillo por haber ordenado incautar los móviles a dos periodistas. En previsión de lo que podía llegar a suceder, el pasado mes de julio el Decanato de los Juzgados de Palma había designado ya al juez Antoni Garcías como nuevo instructor del caso Cursach, teniendo además en cuenta que Florit se encontraba de baja en esos momentos.

Esta macrocausa judicial cuenta hoy con diversas piezas separadas, entre ellas una específica que abrió el juez Florit el pasado año y que, en un giro inesperado de los hechos, es la que finalmente ha conducido al propio magistrado a sentarse en el banquillo. Florit había abierto esa pieza separada para indagar acerca de las presuntas filtraciones periodísticas que se venían produciendo desde hacía tiempo en el marco de este proceso. Dicha pieza separada fue abierta por Florit a raíz de la denuncia previa presentada en el verano de 2018 por Cursach tras la publicación en los medios de comunicación de diversas informaciones reservadas.

Una decisión controvertida

Una de las decisiones tomadas por el juez Florit en el marco de la mencionada pieza separada fue ordenar el pasado 11 de diciembre la incautación de los móviles del periodista de «Diario de Mallorca» José Francisco Mestre y de la redactora de Europa Press en Palma Blanca Pou. Ambos profesionales habían informado con regularidad sobre el caso Cursach y habían publicado además alguna exclusiva sobre este proceso. El magistrado devolvió los móviles a Mestre y a Pou poco después, el 4 de enero, certificando que dichos teléfonos no habían sido finalmente abiertos y que sus contenidos tampoco habían sido examinados. Aun así, ya en diciembre «Diario de Mallorca» y Europa Press habían presentado una querella contra Florit. Poco después, se personó también la Agencia Efe como parte igualmente perjudicada. Posteriormente, en abril de este año, Florit compareció ante el TSJIB en calidad de imputado, negando haber vulnerado el secreto profesional de los periodistas.

Para entender el motivo por el que el juez Florit tomó en diciembre la decisión de incautar los móviles hay que remontarse al verano del pasado año. En aquellas fechas, agentes de Asuntos Internos de la Policía Nacional iniciaron una investigación para averiguar quiénes habrían estado detrás del posible suministro de informaciones reservadas a los medios de comunicación. Las primeras sospechas recayeron sobre el hoy extinto Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional de Palma, cuyos miembros llevaron el peso de la investigación del caso Cursach durante años. La citada unidad estuvo siempre en contacto permanente con el segundo instructor del caso, el ya citado juez Penalva, y con el fiscal Subirán. Fue a raíz de la investigación llevada a cabo por Asuntos Internos cuando el juez Florit ordenó la incautación de los móviles de los citados periodistas.

En cualquier caso, la magistrada que este viernes ha acordado abrir juicio oral contra Florit ya había dictado el pasado mes de junio un auto previo de procesamiento del juez. En ese primer auto, la magistrada del TSJIB explicaba que el hoy acusado dictó entre septiembre y diciembre del pasado año «cuatro autos susceptibles de ser tildados de prevaricadores». Los tres primeros autos «tuvieron por objeto acceder a los listados de llamadas emitidas y recibidas» por parte de los ahora querellantes, a pesar de que según la juez Vidal no se daban las condiciones requeridas para adoptar esas medidas concretas. La magistrada criticó igualmente el cuarto auto de Florit, el del 11 de diciembre, al considerar que la incautación de móviles que ordenó no estaba justificada. A lo largo de aquel escrito, la magistrada reiteraba además en varias ocasiones la necesidad de salvaguardar el derecho al secreto profesional, algo que por las razones señaladas no habría ocurrido en este caso.