Llarena acusa de desobediencia a 12 investigados y deja sin cargos a Mas, Pascal y Lloveras
El juez imputa malversación de fondos públicos, además, a los cinco exmiembros del gobierno catalán que no coordinaron la intentona
El auto del juez Pablo Llarena , que investiga en el Tribunal Supremo la trama secesionista ilegal catalana, además de acusar a 13 investigados por el delito de rebelión , formaliza la imputación a otros 12 investigados por desobediencia y deja sin cargos a otros 3.
Los 5 miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, sin incluir a su presidenta, Carme Forcadell, que en los últimos años permitieron llevar a cabo la intentona secesionista desobedeciendo las interlocutorias del Tribunal Constitucional (TC), serán procesados por desobediencia.
Llarena señala, en su auto, que Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet de forma «tenaz y perseverante» desatendieron el requerimiento del TC «en diversas ocasiones», que les advirtió que debían impedir o paralizar «cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias» decretada por el Alto Tribunal.
De los cinco, solo Guinó (JpC) y Nuet (CatComú-Podem) mantienen su acta de diputado autonómico. Los otros tres, Corominas (PDECat), Simó (ERC) y Barrufet (PDECat) decidieron no seguir esta legislatura y anunciaron que abandonaban la política en primera línea.
También malversación
A otros 5 investigados, Llarena les imputa los delitos de desobediencia y malversación. Son los 5 miembros del gobierno catalán que, aun estando al frente de la Generalitat, no coordinaron ni impulsaron (como sí hicieron los 8 exconsejeros y Carles Puigdenmont acusados de rebelión) el asalto al Estado de Derecho.
Estos son Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. Puig (JpC) y Serret (ERC) están, sin embargo, en rebeldía judicial , ya que permanecen huidos de la Justicia desde las horas posteriores al 27 de octubre, cuando el Parlamento catalán proclamó la secesión unilateral e ilegal.
El magistrado del Supremo considera que estos 5 exconsejeros desatendieron los requerimientos del TC, al igual que los citados exmiembros de la Mesa parlamentaria, pero además «autorizaron» desde sus departamentos «acciones y contrataciones necesarias para el referéndum (ilegal del 1-O)». Es decir, dispusieron de fondos públicos «para un destino distinto del previsto». Por lo que Llarena les imputa, tambén, malversación.
Borràs era, en principio, la encargada de poner en marcha la maquinaria burocrática y técnica del referéndum ilegal, en tanto que consejera de Gobernación, pero a mediados de julio de 2017 Puigdemont «purgó» su gobierno autonómico retirando la competencias a Borràs y entregándoselas a Oriol Juqnueras.
Puig (en Cultura desde ese mismo verano), Mundó (en Justicia), Vila (que dimitió antes de participar en la sesión parlamentaria del 27 de octubre, un día antes) y Serret (en Agricultura) formarían parte de un segundo escalafón y, por lo tanto, con menos responsabilidades penales.
Gabriel y Boya
A estos 10 encausados hay que sumar a Mireia Boya y Anna Gabriel, ambas de la CUP. El magistrado les imputa el delito de desobediencia porque impulsaron y firmaron la tramitación de dos leyes que el TC había declarado inconstitucionales : las llamadas leyes de desconexión, Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República y la Ley del Referéndum de Autodeterminación.
Tanto Boya como Gabriel no repitieron en el escaño tras las elecciones del 21 de diciembre. Gabriel, además, está fugada de la Justicia en Suiza. Boya, que forma parte de la dirección de la CUP, sí acudió a declarar ante Llarena durante la fase de instrucción.
De los 28 investigados, 3 han quedado «no procesados»: Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras. Los 3 son del PDECat y no tienen escaño en el Parlamento de Cataluña, si bien Pascal podría convertirse en senadora en breve, una vez sea votado por la Cámara catalana, en condición de senadora por designación autonómica.
Mas fue presidente de la Generalitat justo antes de Puigdemont, y el responsable de que este fuera elegido su sucesor en el Palacio de la plaza de San Jaime. Mas fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la consulta ilegal del 9-N y su caso está recurrido ante el Supremo. En paralelo, el Tribunal de Cuentas investiga si este, junto con Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, tienen que asumir el coste del 9-N: unos 4,9 millones de euros.
Por su parte, Lloveras fue la presidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), entidad que impulsa ls secesión de Cataluña desde los municipios. Lloveras sucedió en el cargo a Puigdemont en esta entidad, ya que este fue alcalde de Gerona.
Lloveras es alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y fue diputada autonómica. Dejó el acta del Parlamento catalán pero mantiene la vara de mando municipal.
