El juez condena a Cursach a ocho meses de cárcel por tenencia ilícita de armas

El principal empresario del sector del ocio nocturno de Baleares se encuentra en libertad provisional desde abril

El empresario Tolo Cursach ABC

JOSEP MARÍA AGUILÓ

El Juzgado de lo Penal número 7 de Palma ha dictado este lunes una sentencia en la que condena al empresario mallorquín Tolo Cursach a ocho meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. El juez le impone también a Cursach la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años y ocho meses . Por otra parte, se decreta el decomiso de la carabina y de toda la munición intervenida por la Policía Nacional en el registro llevado a cabo en el domicilio del magnate en febrero de 2017.

Cabe recordar que el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares fue juzgado en relación a ese asunto el pasado mes de marzo, en el marco de una de las piezas separadas del denominado caso Cursach. Los orígenes del caso Cursach se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva , y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas.

Según los investigadores, el empresario isleño habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios , que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco, por lo que hoy cuenta con diversas piezas separadas, entre ellas la que fue juzgada en marzo y ahora ha supuesto la primera condena para el empresario balear.

El fiscal atribuía a Cursach en esta pieza separada un presunto delito de tenencia ilícita de armas y solicitaba para el magnate una pena de un año y medio de cárcel. Cursach , por su parte, explicó durante el juicio que la carabina pertenecía a un amigo suyo , ya fallecido, y añadió que «jamás» usó dicha arma en los ocho años que habría permanecido debajo de la cama de la habitación principal de su casa.

Situación judicial

Cabe recordar que Cursach permaneció en prisión provisional entre el 3 de marzo de 2017 y el pasado 18 de abril. En el auto dictado hace quince meses por el juez Penalva , se le atribuían a Cursach un total de hasta 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. El empresario, por su parte, siempre ha negado haber cometido cualquier posible irregularidad de carácter penal.

Como se ha señalado, Cursach quedó en libertad con cargos hace dos meses, después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial de Palma. La Sala impuso también al magnate isleño diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de tener que presentarse ante el Juzgado todos los lunes de cada mes.

Otra de las novedades del caso Cursach en estos últimos meses fue que en marzo de este año el juez Penalva fue apartado de este proceso por la Audiencia Provincial de Palma. La Sala aceptó los dos incidentes de recusación presentados a finales del pasado año contra Penalva, al estimar que se produjo «pérdida de apariencia de imparcialidad» por parte del magistrado. El sustituto de Penalva en la instrucción ha pasado a ser el juez Miquel Florit.

Por lo que respecta a la sentencia condenatoria contra Cursach hecha pública este lunes, para el cumplimiento de la pena que se impone «se declara de abono todo el tiempo que haya podido estar privado de libertad por los hechos objeto de la presente causa, siempre que no le hubiera sido computado o le fuera computable para el cumplimiento de otras responsabilidades». La sentencia no es firme , por lo que cabe la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

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