El CGPJ suspende al juez que sustituyó a Rosell mientras fue diputada de Podemos
El fiscal pide diez años para él por intentar manipular una causa penal para perjudicarla
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado este miércoles los trámites para acordar la suspensión provisional de funciones del magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria Salvador Alba después de que el TSJ de Canarias haya dictado auto de apertura de juicio oral contra él por los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces en una nota informativa, la Permanente ha tomado conocimiento de la resolución judicial, ha dado traslado de la misma al Ministerio Fiscal y al propio magistrado para que en el plazo de diez días aleguen lo que estimen oportuno.
La LOPJ prevé la suspensión de los jueces y magistrados «cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones». La suspensión se mantendrá hasta que recaiga en la causa sentencia resolutoria o auto de sobreseimiento.
La Fiscalía de Canarias pide diez años de cárcel para el magistrado Alba, al que acusa de haber manipulado una causa penal que instruía en sustitución de la juez Victoria Rosell con el propósito de perjudicar a su colega, que en aquel momento era diputada de Podemos en el Congreso.
Amparo a una magistrada
En paralelo, y después de que los jueces reprocharan al CGPJ la escasa «utilización del procedimiento de amparo», la Permanente ha decidido otorgarlo a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid frente a las actuaciones de un particular que es parte en varios procedimientos que se tramitan en el órgano judicial y de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, de la que el anterior es tesorero.
A juicio del Consejo, «existe una auténtica campaña de hostigamiento contra la magistrada» con el objetivo de influir en el contenido de las resoluciones que debe dictar en los procedimientos en materia de familia en los que es parte el tesorero de la asociación y afirma que algunos de los comportamientos desarrollados por los miembros de ésta «rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable».
Entre los hechos que se consideran acreditados, la Permanente señala el reparto en la puerta del edificio donde tiene su sede el Juzgado de octavillas en las que se decía que la magistrada había falsificado más de 750 informes psicosociales y era una presunta prevaricadora.
Además, «se encuentra acreditado que la asociación ha desplegado una intensa campaña mediática –en varios diarios digitales- con el objeto de desacreditar a la magistrada y de influir en sus resoluciones judiciales. Tanto es así que se solicita por la asociación la inhabilitación y expulsión de la carrera judicial de la magistrada, llegándola a acusar de hechos delictivos al afirmar que ha procedido a alterar, junto con otras personas, informes psicosociales de manera sistemática y continuada durante diez años para decidir custodias de niños».
En el expediente consta también un escrito remitido por los funcionarios del Juzgado en el que muestran su apoyo a la magistrada y a su trabajo, manifiestan su rechazo a las «graves, falsas y calumniosas acusaciones» vertidas contra ella y afirman ser testigos «del acoso al que periódicamente se ve sometida».
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