Javier Fernández intenta evitar el primer cisma desde 1977

Durante los días de vino y rosas del socialismo, cuando Felipe González llenaba el Palau Sant Jordi con 20.000 personas, allá por los años 90, o cuando José Luis Rodríguez Zapatero sacó nada menos que 25 diputados en las elecciones generales de 2008, suficientes para ganar a Mariano Rajoy por quince escaños, la deriva del PSC hacia posiciones nacionalistas preocupaba en Ferraz lo justo.

Pero entonces llegó la tormenta perfecta: el segundo «granero» socialista -el primero es Andalucía- comenzó a flaquear por los recortes de Zapatero y, sobre todo, por la decepción del Estatut, mientras en el resto de España el PSOE perdía voto a chorro por lo contrario, porque era visto poco fiable tras el abrazo del PSC a la causa «filonacionalista».

Llegó 2013 y a Alfredo Pérez Rubalcaba le tocó desactivar la bomba del «derecho a decidir» al que se había apuntado el PSC, en medio de amenazas del resto de barones, entre ellos Javier Fernández de romper los acuerdos entre ambas formaciones, que datan de 1977.

Rubalcaba se inventó una reforma federal de la Constitución y una conferencia de barones en Granada, la que parió la famosa «Declaración de Granada», concebida como una pista de aterrizaje para que el PSC abandonara el derecho a decidir y volviera a converger con el federalismo tradicional del PSOE.

El exsecretario general lo logró durante unos meses y luego le cedió el testigo a Pedro Sánchez que, al inicio de su mandato hizo de la reforma constitucional una de sus banderas. Eso le convirtió en socio privilegiado de un Miquel Iceta que creyó encontrar en Sánchez la comprensión del «problema catalán» que no hayaba en el resto, en particular en Susana Díaz, Emiliano García-Page, Guillermo Fernández Vara o Javier Fernández. De hecho, fue Fernández quien, en el Comité Federal del 9 de julio exhortó a Iceta, a puerta cerrada, a pensarse si el PSC puede seguir con el PSOE como si nada.

«Veremos», dice la gestora

Hoy, la situación ha cambiado radicalmente. Sánchez ya no está y Javier Fernández está al frente de la gestora. Por eso, ayer intentó enfriar los ánimos señalando que «veremos» que pasa si los 7 diputados del PSC cumplen su amenaza de votar no a Rajoy, aunque recordó que la norma rige para todos. El presidente asturiano no quiso deslizarse por la pendiente acusatoria hacia Iceta, como máximo valedor del «gobierno alternativo» con el apoyo de los independentistas catalanes de ERC y la antigua Convergència, que pretendía Sánchez; «no me consta», dijo.

Quien sí lo está haciendo es Emiliano García-Page. El barón castellano-manchego señaló que hablará de eso en el Comité Federal, en presencia de Iceta y se supone que de Sánchez. Puede «entender» que al líder del PSC no le parezca peligroso, pero a él sí le «parece bastante peligroso» porque defiende «la igualdad de oportunidades, la limpieza política». Un pacto con los independentistas como el que aparentemente pretendía Sánchez para llegar a La Moncloa «no solo no constituye un gobierno estable, no solo no sería alternativa real, sino que complicaría la solución dialogada» en Cataluña.

Tapias firma con los 70.000

Por otro lado, ayer se conoció que el que fuera candidato de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, se ha sumado a la recogida de firmas del alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez. Éste asegura tener ya 70.000 peticiones de militantes para exigir a la gestora un congreso extraordinario inmediatamente para elegir secretario general.