Interior estudia emprender «acciones penales» por las escuchas y su «difusión delictiva»

El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha indicado esta mañana que estará «encantado» de comparecer en el Parlamento para dar explicaciones «sobre un delito que se está cometiendo», todo ello en relación a la grabación de su conversación hace dos años con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, de la que hoy se publica una nueva entrega dentro de lo que el ministro ha tachado como «un delito continuado de difusión ilegal».

Fernández Díaz, que este martes ha asistido en el Congreso a un solemne homenaje a las víctimas del terrorismo, expresaba su disposición a esa comparecencia en respuesta a las exigencias manifestadas por Ciudadanos y lo hacía solo horas después de que la Mesa de la Diputación Permanente hubiera rechazado idéntica solicitud presentada por ERC, Convergència, Podemos e Izquierda Unida

En sus declaraciones a la prensa, el ministro ha defendido de nuevo que es «víctima de una conspiración», ha subrayado que no tiene «nada que ocultar» y ha avanzado que, si la Comisaría General de Policía Judicial que investiga las escuchas lo considera «necesario y conveniente», se emprenderán acciones penales «por que -ha reiterado- se está produciendo un delito».

«Cuando pueden estar en concurrencia derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información, con otros delitos como es la difusión de grabaciones ilegales, esa concurrencia de tipos delictivos hay que estudiarla», ha abundado, al tiempo que ha señalado que, particularmente en relación a esa difusión que sigue realizándose de una grabación que se practicó sin el conocimiento de los interlocutores, «hay jurisprudencia diversa» y es un supuesto previsto «en el Código Penal».

El ministro del Interior ha repetido que su encuentro con De Alfonso se enmarca dentro de la colaboración institucional en la lucha contra la corrupción y el fraude y ha hecho especial desmentido de que en las grabaciones «no aparece, como no puede salir en ningún caso» palabras sobre «preconstituir o prefabricar pruebas», lo que ha admitido que sería un «delito gravísimo».