Interior paga sus errores en Cataluña

El polémico comisario José Manuel Pérez Villarejo, que aparece relacionado con muchos de los últimos escándalos que han sacudido a la Policía, se jubiló ayer junto al hasta ahora director Adjunto Operativo, comisario principial Eugenio Pino, que recibió la medalla de plata del Cuerpo. Villarejo está llamado a declarar el próximo lunes como imputado por el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego en relación con la pieza separada del caso del «pequeño Nicolás», y en concreto por la grabación de una conversación del entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas Aranda, y agentes del CNI.

Pino, por su parte, no consiguió su propósito de ser nombrado asesor del ministro del Interior –previamente intentó que se le mantuviese como DAO, al estilo de lo sucedido en la Guardia Civil con el teniente general Cándido Cardiel–.

En fuentes policiales consultadas por ABC se afirma que la prestigiosa condecoración, que lleva aparejada una notable asignación económica, es un «premio de consolación para él, muy discutido en el Cuerpo».

El pase a la situación de jubilación de Villarejo evitará que el comisario se escude en que está fuera de España en comisión de servicios para no declarar ante el magistrado, una circunstancia que ya alegó en otras ocasiones. De no presentarse, las fuentes judiciales consultadas no descartan que el juez Zamarriego dicte contra él una orden de busca y captura.

En esta misma causa, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, declarará también el lunes como testigo. Cosidó ha declinado a lo largo de todo su mandato reunirse con Villarejo a pesar de la insistencia de éste. La razón es que le llegaban noticias inquietantes sobre su trabajo en la DAO, su impresionante patrimonio y sus relaciones peligrosas. Era Pino, y altos cargos de Interior, los que se entrevistaban con el comisario.

La jubilación del DAO y de Villarejo –éste dudó hasta el último minuto si daba ese paso– coincide con la publicación de las grabaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de sus conversaciones con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. El ministro apostaba por el comisario principal José Luis Olivera, al mando del CITCO, como sustituto de Pino. Pero ahora sus opciones son menores; primero, porque no es bien visto en la Dirección General de la Policía, que prefiere a un hombre de transición hasta que haya nuevo gobierno –el responsable de personal, Antonio Rodríguez, sería la opción–, y segundo porque se le considera cercano al polémico Villarejo.

Además, el ministro ha perdido poder tras el escándalo, que algunas fuentes atribuyen a una estrategia de presión contra él relacionada con las maniobras de su Departamento para intentar neutralizar, por la vía policial, el desafío soberanista catalán. Tampoco el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, atraviesa por su mejor momento al no haber sido ajeno a ello. También apostaba por el director del CITCO.

Los comisarios Pino y Villarejo, y en menor medida Olivera, han sido actores principales de esa vía policial para Cataluña, en la que se han sucedido extrañas visitas a fiscales, que no accedieron a sus pretensiones, supuestos informes policiales sin autoría conocida e investigaciones fallidas. Todo ello, trufado con pagos a cargo de fondos reservados, según fuentes policiales.

El director de la Policía se mantuvo al margen de estas maniobras, en parte porque no se contó con él y también por decisión propia. Eso le permite ahora mayor margen de maniobra en un Ministerio del Interior que por momentos parece descomponerse.