Exhumación Franco
La Iglesia advierte de que sin permiso de la familia no habrá exhumación
El Gobierno aprobará el viernes un cambio en la ley de memoria histórica para forzar su salida pese al rechazo expreso de los descendientes
Pedro Sánchez se aferra a los restos de Francisco Franco, que pretende desenterrar del Valle de los Caídos, como la gran gesta de su mandato. Sin fuerzas para impulsar reformas legislativas de calado en un Parlamento donde el PSOE cuenta con 84 diputados, el presidente del Gobierno ha situado la exhumación de Franco como prioridad absoluta de su política y, tras el parón veraniego, el Consejo de Ministros aprobará este viernes un decreto ley para su traslado en otoño.
El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao , confirmó ayer que entrará en vigor un decreto ley que modificará de manera exprés la ley de memoria histórica del gobierno de Rodríguez Zapatero. Este deberá ser convalidado en septiembre por el Congreso de los Diputados. El objetivo, según reconoció el ministro, es «evitar demandas judiciales» de la familia , que se opone frontalmente al traslado de los restos, y evitar nuevos «retrasos» en sus planes anunciados para julio por el propio Sánchez.
El Ejecutivo socialista lleva dos meses barajando la fórmula que le permita entrar en el Valle de los Caídos para sacar a Franco y reconvertir el lugar en un centro de la memoria y la concordia. El problema para Sánchez es que los descendientes han manifestado públicamente su rechazo a dar traslado de los restos de su abuelo. Francisco Franco , nieto, confirmó ayer a ABC que plantarán batalla legal.
Moncloa cree haber hallado la fórmula para salvar las quejas de la familia y evitar que un juez paralice la exhumación en el Valle de los Caídos. Y da por hecho que la Iglesia, que custodia la basílica donde están enterrados Franco y José Antonio Primo de Rivera, facilitará su objetivo.
Fuentes del Arzobispado de Madrid, que encabeza el cardenal arzobispo, Carlos Osoro , aseguraron ayer a ABC que siguen de cerca los «acontecimientos», pero insisten en que la decisión es del Gobierno y de la familia. Es decir, que debe existir un acuerdo entre las partes . O lo que es lo mismo, que sin el permiso de los Franco, no será posible la exhumación porque en este caso y en cualquier otro son los descendientes los que tienen el derecho y la potestad de decidir sobre los restos mortales de su familiar.
En caso de conflicto, desde el entorno de Osoro anticipan que la Archidiócesis no autorizaría la entrada de las máquinas a la basílica, administrada por la comunidad de los benedictinos y sobre la que rige el Convenio con la Santa Sede, renovado por el Gobierno español en 1979. Según estos acuerdos, el Estado carece de competencias sobre cementerios, exhumaciones y traslado de restos en lugares eclesiásticos.
La propia ley de memoria histórica en su artículo 16 recoge que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. Este es precisamente el punto que quire retocar el Gobierno. El equipo de Zapatero renunció en su día a la exhumación consciente de que para ello debía renegociar los acuerdos con el Vaticano , lo que demoraría en varios años los planes de Sánchez.
El actual Ejecutivo considera sin embargo que tiene el camino expedito y que solo necesita el aval del Congreso para cumplir su objetivo de sacar a Franco del mausoleo. Los socialistas cuentan con reeditar la mayoría de votos que aprobó una moción suya en mayo de 2017 para el traslado de los huesos y que tuvo 198 votos a favor. El PP se abstuvo y Pablo Casado ha señalado que no se opondrán aunque advierte al PSOE de que «reabrir viejas heridas no conduce a nada».
Ciudadanos apoyó la propuesta aunque reclama a Sánchez un « proyecto serio » para hacer un monumento a la concordia. Albert Rivera llegó a plantear que se levante un cementerio nacional como el de Arlington (Estados Unidos) que acoja a los dos bandos de la guerra civil. ERC condicionó su voto a que el Gobierno anule las sentencias del franquismo, y en concreto, la condena a muerte sobre el expresidente catalán Lluís Companys, fusilado.
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