Los hermanos Ruiz-Mateos se sientan de nuevo en el banquillo por un presunto delito de estafa
La Audiencia Provincial de Palma acoge el juicio centrado en los impagos habidos tras la compraventa de un hotel en Manacor
Los seis hijos varones del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos se sientan desde este lunes de nuevo en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma, en esta ocasión para ser juzgados por un presunto delito de estafa agravada vinculado a la adquisición del Hotel Eurocalas de Manacor. La vista oral que acaba de iniciarse estará centrada en los impagos que se produjeron tras la citada operación de compraventa.
Se trata del segundo juicio de los Ruiz-Mateos en Mallorca , tras el que protagonizaron hace dos años por otra supuesta estafa. En aquella ocasión, los seis hermanos fueron condenados por la Audiencia Provincial a diversas penas de cárcel. En la actualidad, Álvaro, José María, Zoilo, Francisco Javier, Alfonso y Pablo cumplen sus respectivas penas en la prisión de Aranjuez , desde la que han sido trasladados ahora provisionalmente al centro penitenciario de Palma para poder estar presentes en este nuevo juicio.
En la causa que se ha iniciado esta mañana, se acusa a los hijos de Ruiz-Mateos de haber aparentado una presunta solvencia económica , que en realidad no habrían tenido, en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas. La adquisición tuvo lugar en 2006 y se cerró por un importe total de 23,6 millones de euros. Tras unos primeros pagos, que llegaron hasta julio de 2010, los Ruiz-Mateos dejaron de hacer los preceptivos abonos acordados en su momento. La querella por esa supuesta estafa fue presentada por el Grupo Miralles, antiguo propietario del hotel. La cantidad total que quedó pendiente de pago está cifrada hoy en 13,9 millones de euros.
Cuestiones previas
En ese contexto, la Fiscalía pide ahora seis años de cárcel y una multa de 54.750 euros para cada uno de los encausados. Por su parte, el abogado de los Ruiz-Mateos previsiblemente defenderá que los pagos acordados dejaron de hacerse a causa de la crisis económica iniciada en 2008 a nivel mundial. En este proceso deben sentarse también en el banquillo un primo de los seis hermanos —Zoilo Pazos— y un testaferro de la familia —Nicolás Faure—, si bien este último no ha comparecido hoy en la Audiencia Provincial, por lo que será declarado en rebeldía y será dictada una orden de busca y captura contra él.
En la primera jornada de la vista oral se han tratado varias cuestiones previas, entre ellas la petición de recusación del tribunal efectuada por la defensa de los hermanos Ruiz-Mateos. Dicha solicitud ha sido denegada. El juicio continuará mañana martes. Cabe recordar que durante la fase de instrucción de este proceso judicial había sido también imputado el patriarca de la familia , que fallecería en septiembre de 2015.
Como se ha indicado ya, Álvaro, José María, Zoilo, Francisco Javier, Alfonso y Pablo fueron juzgados por la Audiencia Provincial de Palma en mayo de 2017 por una presunta estafa en la compraventa de dos hoteles, el Beverly Playa en Mallorca y el Beverly Park en Gran Canaria. Dicha operación inmobiliaria fue realizada en diciembre de 2008. También en aquella ocasión había sido imputado inicialmente José María Ruiz-Mateos , quien falleció antes del inicio de la vista oral.
La primera condena
La sentencia de ese primer caso fue dictada por la Audiencia Provincial en julio de 2017, condenando a los acusados a una media de seis años de cárcel por un delito de estafa agravada y otro de alzamiento de bienes . Dicho fallo fue recurrido ante el Tribunal Supremo. Finalmente, en octubre del pasado año el Alto Tribunal dictó una sentencia en la que, si bien estimó parcialmente ese recurso, condenó a los seis hijos de Ruiz-Mateos a una pena de dos años y medio de cárcel por un delito de estafa agravada.
El Supremo también consideró en su fallo que los seis hermanos no habían cometido , en cambio, el delito de alzamiento de bienes que se les había atribuido en la sentencia originaria de la Audiencia Provincial. Además, el Alto Tribunal entendió que para el delito de estafa —que sí fue confirmado— no había concurrido la agravante de haberse cometido con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador.
La resolución del Supremo no modificó el resto de pronunciamientos de la sentencia de la Audiencia Provincial, que había condenado a los seis acusados a indemnizar conjunta y solidariamente a 16 afectados con una cantidad global que se situaba en torno a los 46 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil. El fallo del Supremo también fijó el pago de una multa de 24.000 euros por parte de cada uno de los seis hermanos, así como la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, para el ejercicio de actividades mercantiles y para la administración de sociedades durante el tiempo de la condena.
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