NIETO

La guillotina de David Hume

El testimonio de ayer del ex secretario de Estado de Seguridad demolió la construcción imaginaria en la que los defensores han basado su estrategia

Madrid Actualizado: Guardar
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Empeñado en demoler la superstición y establecer una regla para diferenciar los deseos de los hechos, el filósofo David Hume introdujo la distinción entre oraciones descriptivas y normativas.

Las oraciones descriptivas son las que se basan en la observación empírica de la realidad y enuncian algo verificable por los sentidos. Las normativas se sustentan en juicios de valores o sentimientos y, por ello, apuntan al deber ser como una construcción imaginaria. A partir de esta dicotomía, el pensador escocés concluyó que no es posible deducir ninguna oración normativa de los enunciados descriptivos.

Un ejemplo para ilustrar lo que se llamó posteriormente «la guillotina de Hume»: «Tiberio fue un emperador romano» es una oración descriptiva, mientras que la frase «hay que dar de comer al hambriento» constituye una apelación normativa.

A pesar se su aparente simpleza, la formulación de Hume era revolucionaria en su época porque suponía que las normas morales no podían ser impuestas a los individuos e implicaba una carga de profundidad contra la visión religiosa del mundo. La prueba es que se le vetó por ateo para ocupar una cátedra de filosofía en la universidad de Edimburgo.

Esta disquisición filósofica resulta esencial para comprender los mecanismos mentales de los líderes independentistas que se sientan en el banquillo y de sus abogados. Y ello porque, desde el primer día del juicio, han optado por una línea de defensa que se basa en las oraciones normativas a las que hacía referencia Hume. Lo refrenda que han formulado todos sus argumentos en el terreno del deber ser, incidiendo en la idea de «un mandato democrático» que carece de sustento legal y en un derecho de autodeterminación que no reconoce el ordenamiento jurídico ni la Constitución.

Item más, se amparan para justificar la desobediencia a las reiteradas advertencias del Constitucional en una interpretación subjetiva de la ley que objetivamente la convierte en papel mojado. Todo ello quedó reiterado ayer por Roger Torrent, presidente del Parlament, que manifestó en su intervención previa que los inculpados no deberían estar en el banquillo, otra oración normativa porque él no es juez ni tiene legitimidad para descalificar al tribunal.

Frente a esta estrategia de defensa, José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad, hizo un demoledor relato de los hechos, que no tenía nada que ver con el deber ser sino con el ser. Ello hizo ponerse visiblemente nerviosos a los abogados, conscientes de la importancia de su testimonio.

Lo que Nieto afirmó en su comparecencia –y que tanta mella hizo en los defensores– es que el Gobierno que presidía Puigdemont practicó en todo momento una táctica obstruccionista para eludir el cumplimiento de los requerimientos del Tribunal Constitucional y las ordenes judiciales.

«No reconocían el derecho del Estado a mandar efectivos policiales a Cataluña», aseguró el secretario de Estado, que precisó que Joaquim Forn, consejero de Interior, le respondió por carta que no había necesidad de ello porque los Mossos disponían de los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Cuando el Gobierno decidió crear la figura del cooordinador y nombrar a Diego Pérez de los Cobos para el cargo, Nieto declaró que Josep Lluis Trapero, jefe operativo de los Mossos, manifestó su total desacuerdo. «Era muy reacio a colaborar», subrayó. Y cuando en la Junta de Seguridad le advirtió a Puigdemont de los riesgos de la consulta, el president afirmó que la seguridad de los ciudadanos debía primar sobre el cumplimiento de la ley.

Frente a las iniciativas concretas que propuso el Ministerio del Interior, «no nos respondieron y nos trasladaban continuas excusas para justificar que no iban a hacer nada el día de la consulta», dijo Nieto. «Era una situación surrealista», apostilló.

El responsable de la Seguridad del Estado declaró que, desde las primeras horas del día 1 de octubre, tuvo la sensación de que los Mossos se negaban a actuar en los lugares de votación y que la Generalitat, en lugar de disuadir a los catalanes, les alentaba a acudir a depositar su voto.

Tras finalizar su declaración, como era previsible, los abogados de los acusados intentaron sembrar la duda sobre la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuestionando la idoneidad de los planes. También se esforzaron por relativizar la inacción de los Mossos con el pretexto de que dieron prioridad a la integridad física de los ciudadanos.

El tiempo y la intencionalidad de las preguntas de los defensores demuestran la importancia del testimonio de Nieto, que contrastó con la comparecencia del ministro Zoido el jueves pasado. El ex titular de Interior descargó todas las decisiones sobre sus subordinados y aseguró que no tuvo ningún conocimiento de los dispositivos policiales. Una ignorancia que tal vez era una estrategia para eludir las responsabilidades penales que están siendo investigadas en dos juzgados de Cataluña, que han imputado a más de 20 agentes y mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El testimonio de Nieto ha sido hasta la fecha el más concluyente para demostrar el delito de rebelión. Pero son los jueces en su fallo los que tendrán que aplicar la guillotina de Hume para diferenciar los juicios de valor de los hechos, el deber ser al que apelan los independentistas de la aplicación de la ley, La posteridad añadirá el resto, como reza la inscripción de la tumba del filósofo en el cementerio de Old Caton en Edimburgo.