Granados declara como acusado por un chivatazo en el primer juicio de la Púnica
La Fiscalía le acusa de «amurallarse» y rodearse de funcionarios y policías para tratar de lograr la impunidad
Francisco Granados echó ayer martes de menos a su lado, en el banquillo de los acusados, a David Marjaliza , su amigo de la infancia, antiguo socio y su supuesto lugarteniente en la trama de corrupción Púnica. Era la primera sesión del primer juicio a la trama -cuya investigación se divide en doce piezas-, por el chivatazo de dos guardias civiles. Los agentes alertaron a Granados en septiembre de 2014 de que la Justicia le acechaba. Un mes después, estalló la operación y fue arrestado.
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El exconsejero de la Comunidad de Madrid pidió ayer la nulidad de esta vista oral y hoy responderá por primera vez como acusado ante un tribunal, por un delito de revelación de secretos . La Fiscalía Anticorrupción pide para Granados -que permaneció dos años y siete meses en prisión preventiva- tres años de cárcel por beneficiarse del soplo, que le permitió esconder parte de su patrimonio ilícito.
La ausencia de Marjaliza
El abogado defensor de Granados denunció ayer la ausencia de Marjaliza, considerado el cerebro de la Púnica y quien lleva tiempo colaborando con la Justicia, supuestamente arrepentido. La confesión del empresario, que situó el origen de la red en la llegada de Granados a la alcaldía de Valdemoro en 1999 , tiene acorralado al exconsejero de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. El letrado del antiguo número dos de Esperanza Aguirre alegó que Marjaliza fue la única persona que pudo obtener algún «lucro» del supuesto chivatazo e insinuó que se beneficia de su estrategia al aceptar las acusaciones de la Fiscalía. También denunció la falta de cobertura de las escuchas que destaparon el soplo.
La Fiscalía, en su turno, defendió la legalidad de las grabaciones y aseguró que los soplos a Granados fueron una «constante». El Ministerio Público subió el tono y acusó al exconsejero de «amurallarse y rodearse de funcionarios, algunos de Valdemoro, y fuerzas de seguridad para conseguir la impunidad de sus acciones». El tribunal -los tres jueces de la sección primera de la Sala de lo Penal que resolverán sobre los delitos- rechazaron las cuestiones de forma alegadas por las defensas y avalaron la vista oral.
En los interrogatorios, los otros dos acusados -el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre- negaron el soplo. Talamino reconoció que comentó a Granados que la Unidad Central Operativa (UCO) , de la que entonces formaba parte, «ya había llegado» a Valdemoro, sin concretar nada, según él. Caro Vinagre , a quien fichó el exconsejero madrileño en 2007 como asesor de seguridad en la Consejería de Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid, aseguró que vio «preocupado» a Granados cuando le llegó esta información de Talamino. Pero insistió en que no se le «pasó por la cabeza» recomendarle que tomara medidas, y defendió que no presionó a Talamino para conseguir más datos.
El chivatazo tuvo lugar en septiembre de 2014, en las fiestas patronales de Valdemoro. Según la Fiscalía, Talamino alertó a Caro Vinagre y a Granados de que la UCO había instalado una cámara frente al despacho de Marjaliza, en la localidad madrileña de Pinto. Allí «dirigía sus corruptos negocios». El Ministerio Público, que también solicita tres años de prisión para Talamino y Caro Vinagre, considera que el delator transmitió la información «a sabiendas de que estaba sometida a absoluta reserva, quebrantando reiteradamente el deber de sigilo», para «hacer un favor» a Granados.
