El Gobierno «respeta» la sentencia pero niega que España quede «en entredicho»

El ministro del Interior, Grande-Marlaska, cree que el fallo sobre Otegi tiene «toda legitimidad»

El ministro Fernando Grande-Marlaska, en el Senado EFE

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El Gobierno de Pedro Sánchez se limita a manifestar su «respeto» ante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDDHH) que ha dado la razón a Arnaldo Otegi por apuntar la parcialidad de la jueza Ángela Murillo durante el juicio por reconstruir Batasuna . El Ejecutivo muestra su cautela ante este revés judicial , sin desvelar de momento si lo recurrirá.

Ha sido el ministro de Interior y exjuez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska el encargado de ofrecer una primera reacción del Gobierno socialista. En declaraciones a los periodistas en el Senado, ha negado que esta decisión ponga «en entredicho» a la Justicia española, subrayando que todos los países europeos han sido apercibidos alguna vez por Estrasburgo por «vulnerar en mayor o menor medida algún derecho fundamental».

Guste o no, ha recalcado, la sentencia del TDDHH «merece todo el respeto» y tiene la «misma legitimidad» que la dictada hace unos días por la misma instancia europea sobre la acumulación de condenas a miembros de ETA, que entonces sí avaló las decisiones de los tribunales españoles.

Marlaska, que durante su trayectoria como magistrado de la Audiencia Nacional procesó por terrorismo a Otegi , ha afirmado que quiere «estudiar» en profundidad el fallo y ha eludido responder al dirigente batasuno que reclama una petición pública de perdón por parte del Estado.

Quien sí le ha contestado ha sido el presidente del PP, Pablo Casado : «Todos sabemos lo que ha hecho Otegi, debería pedir perdón él», ha aseverado Casado tras reunirse con su grupo en el Senado.

El líder de los populares se ha mostrado muy crítico con la actitud del Gobierno. A su juicio, «no se entiende» que Moncloa guarde silencio y ha recordado que Estrasburgo ya ratificó en su día las sentencias de los tribunales españoles certificando a ilegalización de Batasuna era por ser el « brazo político de ETA ».

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