El Gobierno no podrá cumplir el pacto con Ciudadanos sin presupuestos

El Gobierno de Rajoy quiere involucrar a todos los grupos parlamentarios en la aprobación de los Presupuestos Generales, ya que, como subraya una y otra vez el presidente, la estabilidad de España es «responsabilidad de todos». En esa línea, el Ejecutivo ha advertido de que si no se aprueban las cuentas públicas, no podrá cumplir, entre otras cosas, el acuerdo de investidura que el PP firmó con Ciudadanos a finales de agosto. Es un primer aviso, pero desde la formación naranja se ha incrementado ya la presión sobre el PSOE para que no se desentienda del proyecto.

El primero en lanzar esa advertencia fue el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, en su balance de los cien días de Gobierno en La Moncloa.

Después de insistir en la necesidad de diálogo y acuerdo por parte de todos, aseguró que «de la aprobación de los Presupuestos depende también el que se puedan ejecutar los acuerdos de investidura suscritos con otras fuerzas políticas, como Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias o UPN, a los cuales agradecemos, porque éste es un Gobierno que tiene palabra y cumple».

Tendrán que esperar

Fuentes próximas al presidente del Gobierno confirmaron que de los 150 puntos del acuerdo, todos los que dependan de ejecución presupuestaria no podrán salir adelante si no hay una aprobación de los Presupuestos, por mucha voluntad que tenga el Ejecutivo de cumplir cada punto de aquel documento. «Es algo que no tiene duda, sin Presupuestos, los acuerdos económicos tendrán que esperar».

Pese a que ese documento consensuado por los equipos negociadores del PP y Ciudadanos, y firmado el 28 de agosto en el Congreso, acaba diciendo que «el presente acuerdo compromete a las formaciones firmantes una vez que el Congreso otorgue su confianza al candidato en la próxima sesión de investidura», en realidad su cumplimiento solo puede efectuarse si hay unas cuentas públicas aprobadas que lo respalden.

Entre otras cuestiones, el PP acepta un complemento salarial para rentas bajas, con un coste de 7.600 millones de euros; un ahorro de 1.000 millones en la Administración, un plan contra la pobreza infantil con 5.680 millones y otro sobre la gratuidad de libros de texto de 1.400 millones de euros.

En el mismo acuerdo se incluye una revisión del sistema de financiación de la Dependencia, para recuperar los recursos anteriores a 2012, algo que también se acordó en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero, con presencia del Gobierno y las Comunidad Autónomas. En total, el plan económico-social para toda la legislatura prevé un importe global de 28.500 millones de euros (5.000 millones solo en 2017). Todo el acuerdo parte del respeto y compromiso expreso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Además de los puntos vinculados a los Presupuestos, el acuerdo del PP y Ciudadanos incluye medidas sociales y políticas, sobre todo de regeneración democrática, que están más ligadas a la voluntad u oportunidad política, y son en las que el partido de Rivera está poniendo ahora más énfasis. Son medidas a favor de la igualdad, por ejemplo, de la conciliación, del pacto por la Educación o contra la violencia de género, pero también para imponer la limitación de mandatos, la eliminación de los aforamientos, la reforma de la ley electoral o la reforma de la Justicia.

En el documento se prevé la eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos. También establece que el «compromiso de que quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de presidente del Gobierno no opte a la reelección», y se añade que se procurarán fórmulas precisas para regular ese compromiso.

De momento, tanto PP como Ciudadanos se han citado a partir de hoy en el Congreso de los Diputados para empezar a tratar estas cuestiones, pero en el Grupo Popular, y en La Moncloa, no ha gustado que de forma paralela el partido de Rivera esté impulsando iniciativas en el Congreso, al margen de las conversaciones entre ambos grupos.

Tampoco gustó la semana pasada que Rivera pusiera en cuestión la independencia del Tribunal Constitucional en el Pleno del Congreso, en una pregunta oral a la vicepresidenta, justo cuando este órgano acababa de pronunciarse contra el desafío independentista. Son roces y tiranteces que ponen de manifiesto que, pese al acuerdo, siguen existiendo recelos entre las dos formaciones.