El Gobierno no decreta la alerta máxima terrorista al no disponer de datos de un atentado inminente

El Gobierno ha decidido mantener el nivel 4 de alerta terrorista al no disponer de datos concretos de que pueda producirse un atentado en España de forma inminente. «La situación es la misma que antes de los atentados», afirman las fuentes antiterroristas consultadas por ABC. No obstante, reforzará la seguridad en las infraestructuras aeroportuarias, ya que del análisis de los últimos atentados se ha visto que son tanto objetivo de los ataques como herramienta para moverse de un país a otro. La única diferencia entre el nivel 4 y el 5 es que en el segundo se moviliza a las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia de las infraestructuras críticas, como nudos de comunicación.

La medida fue adoptada en la reunión de la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista

celebrada en el Ministerio del Interior, a la que asistieron los máximos responsables de la lucha contra el terrorismo de la Policía, la Guardia Civil, el CNI, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) y los enlaces de los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza. Los expertos consideraron que por el momento no es necesario aumentar el nivel de alerta porque no hay datos concretos de que se vaya a producir un atentado inminente en nuestro país, de modo que la situación actual de nivel 4 se considera de momento suficiente para hacer frente a la amenaza.

Se hace una excepción con las infraestructuras aeroportuarias, cuya vigilancia se va a reforzar. Estas instalaciones, en sus planes de seguridad, tienen sus propios niveles de alerta. El nivel de alerta pasa al dos, pero siempre en el marco general de alerta 4 para toda España.

Los Mossos d’Escuadra, además de los aeropuertos, decidieron por su parte extremar la vigilancia en el Metro, incluso dentro de los propios vagones en determinadas líneas sensibles en los que se desplegarán agentes con armas largas.

La única razón para decretar la máxima alerta terrorista sería intentar dar tranquilidad a los cientos de miles de personas que estos días van a salir a las calles en las procesiones de Semana Santa, pero lo cierto es que en un país como España la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles podría tener justo el efecto contrario al deseado.

Además, si esa decisión no se tomó con motivo de los atentados de París de noviembre del año pasado no era lógico que se tomara ahora, según fuentes de la lucha contra el terrorismo consultadas por ABC. «La totalidad de las capacidades de las Fuerzas de Seguridad y de los Servicios de Inteligencia –insisten las mismas fuentes– están volcadas en la investigación y prevención del terrorismo yihadista, hasta ahora con muy buenos resultados».

Hay que tener en cuenta además que el tipo de despliegue que requiere el nivel 5 de alerta antiterrorista no puede mantenerse durante mucho tiempo, primero porque implica a decenas de miles de personas, segundo porque su coste económico es muy elevado y tercero porque solo está previsto para situaciones muy puntuales.

No obstante, el nivel de riesgo de atentado terrorista en España sigue siendo muy alto, no ya solo porque las amenazas son continuas –la última de ellas de esta misma semana–, sino porque los datos objetivos así lo confirman. Desde nuestro país han partido no menos de 150 individuos para incorporarse a las filas de Daesh o Al Qaeda en Siria o Irak, de los que una veintena ha retornado; el número de detenidos –desde 2015 hasta ahora son ya 83– es de los más altos de Europa; un 30% de los arrestados habían tomado ya la decisión de cometer atentados en España, y el riesgo de radicalización, especialmente en comunidades como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid es elevado.

El plan de prevención de la radicalización puesto en marcha en diciembre por el Gobierno ha tenido importantes resultados. Desde entonces el Citco ha recibido 1.162 comunicaciones, de las que el 48 por ciento tenían datos de interés policial. No pocas de ellas, según reveló el ministro de Interior en funciones, se referían a personas que ya estaban siendo investigadas por las Fuerzas de Seguridad.