El Gobierno de Navarra homenajea a víctimas de «motivación política» que no tienen tal reconocimiento judicial

El pasado mes de enero de 2016, el Tribunal Constitucional suspendía la mayor parte de la Ley foral de reparación a las víctimas de actos violentos de motivación política de los grupos de extrema derecha y de funcionarios públicos porque ejerce «una especie de justicia paralela, que, además, obvia cualquier actividad judicial previa, por lo que supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y de la presunción de inocencia, al no preservar, en forma alguna, los derechos constitucionales que corresponden a cualquier ciudadano al que se le impute una actuación antijurídica», según el recurso aceptado por el máximo tribunal. Según dicho recurso, «el hecho de que se declare que una persona es víctima implica la previa imputación del hecho delictivo».

Pues bien, el Gobierno de Navarra celebró este sábado en Pamplona un «acto de reconocimiento y reparación a las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos». Al existir la suspensión del Tribunal Constitucional, en las declaraciones realizadas no se personalizó en nadie en concreto. Pero como portavoces de las víctimas hablaron hermanos de Germán Rodríguez, Mikel Zabalza y Jose Miguel Etxeberria, alias ‘Naparra’. En ninguno de los tres casos hay sentencia judicial definitiva.

Perdón

En su discurso, la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, afirmó que «en un proceso de paz, de conciliación, en la atención a las víctimas, es fundamental que no haya grupos de excluidos». Y pidió perdón porque «puede parecer que este acto llega tarde». «Las instituciones no atendieron vuestra reivindicación de verdad, justicia y reparación, y habéis sido las familias quienes habéis mantenido viva la llama del recuerdo», afirmó y continuó asegurando que «Habrá diferentes relatos, diferentes lecturas de lo ocurrido, pero deberemos llegar al acuerdo básico de que uno de los pilares fundamentales para avanzar debe ser el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas. Como sociedad, podemos tener ideas diferentes, proyectos distintos y hasta contrapuestos, pero nunca nadie debió rebasar el límite de la dignidad de la persona».

Con la declaración institucional de reparación se pretendió entre otras afirmaciones «trasladar nuestro reconocimiento a víctimas que han sufrido las consecuencias de la violencia, con la esperanza de que este acto institucional ayude a reparar, al menos en parte, una pérdida que sabemos que es irreparable» y «pedir perdón a las víctimas en nombre de las instituciones navarras, por el abandono y desatención que han sufrido durante tantos años». La declaración fue firmada por el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

En el acto han estado presentes representantes de las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno de Navarra, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida. También han acudido dos miembros del Partido Socialistas de Navarra. No estuvieron presentes ni UPN ni el Partido Popular.

Sin reconocimiento judicial

Quizá el caso más controvertido sea el de Naparra, un integrante de los Comando Autónomos Capitalistas que desapareció en 1980 y ni tan siquiera ha aparecido su cuerpo. El presunto secuestro fue reivindicado por el Batallón Vasco Español y el pasado mes de octubre se reabrió el caso para investigar unos restos humanos aparecidos en las cercanías de la localidad francesa de Mont de Marsan. Pero a día de hoy, no hay confirmación judicial de que el cuerpo del miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas haya aparecido.

Germán Rodríguez murió en los enfrentamientos producidos entre Policía y manifestantes en los Sanfermines de 1978. Aunque la bala que mató al joven pamplonés es igual que la munición empleada por la Policía, en 1983 se archivó el caso porque no se podía determinar la autoría de los disparos.

Algo similar sucede con el caso de Mikel Zabalza. El joven, natural de Goizueta, fue detenido por la Guardia Civil en noviembre de 1985. Según la versión oficial, el joven huyó cuando se encaminaba con agentes de la Benemérita hacia un zulo y se ahogó en el río Bidasoa. En 1995 un testigo reconoció que el navarro había fallecido por las torturas recibidas en Intxaurrondo. Tras varios recursos, el caso fue archivado definitivamente en el año 2010. El tribunal reconocía que las pruebas ponían en duda la versión oficial, pero que no había suficientes como para excluirla definitivamente ni para abrir causa contra los agentes de la Guardia Civil.