El Gobierno de Cataluña decide sobre los presos en plena negociación PSOE-ERC

El azar ha querido que los días claves para el futuro inmediato de los líderes del «procés» encarcelados coincida en el tiempo con las difíciles negociaciones del PSOE con ERC , que, en su lista de condiciones maximalistas, reclama una «amnistía general» para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Tras la sentencia del Supremo del pasado 14 de octubre, a las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que cumplen condena los líderes secesionistas se les acaba el plazo para proponer la clasificación de los nueve presos : el sábado, como muy tarde, habrán de decidir sobre la conveniencia de que inicialmente cumplan su condena en primer, segundo o tercer grado, en función de factores como su conducta en prisión o el apoyo el apoyo social y familiar que tengan, tal y como recoge el Reglamento Penitenciario. Luego, los Servicios Penitenciarios de la Generalitat tendrán dos meses para validar esas propuestas de clasificación, que no tiene que ser la misma para los nueve presos.

Descartado el primer grado -reservado para los reos de alta peligrosidad-, la junta de tratamiento, formada por profesionales de las prisiones -médicos, psicólogos, educadores sociales, etc.- habrá de decantarse por el segundo grado o el tercero, que permitiría a los presos tener que ir a la cárcel solo a dormir. Nada impide que, en esta clasificación inicial la Generalitat se decante por el tercer grado , que equivaldría a una especie de «semilibertad». Esto, sin embargo, «sería muy extraño», según valora en una conversación con ABC Arturo González de León, profesor de Derecho Penal y Penitenciario de la Universitat Abat Oliba CEU. Las altas condenas de los líderes del «procés» -con menas de hasta 13 años de cárcel- dificultaría pero no impediría que así se hiciera.

El escenario más probable es que, al menos inicialmente, las juntas de tratamiento y los Servicios Penitenciarios -dirigidos por Amand Calderó, que, pese a su cargo, no tiene reparos en lucir lazo amarillo en actos oficiales- se clasifique a los líderes secesionistas en segundo grado. Eso sí, la Generalitat podría echar mano del reglamento penitenciario para flexibilizar esta clasificación : el artículo 100.2, que se aplicó en el caso de Oriol Pujol, permite en la práctica equiparar un segundo grado a un tercero, y el artículo 117, usado en el caso de Iñaki Urdangarin, avala una flexibilización pero de menor profundidad. Podrían aplicarse nada más clasificarse a los presos en segundo grado o bien al cabo de unas semanas. En todo caso, el artículo 100.2, del que la Generalitat podría utilizar en el caso de los políticos presos, es poco frecuente en la práctica penitenciaria. Según datos de los Servicios Penitenciarios consultados por este diario, a fecha de 30 de septiembre de este año solamente se había aplicado el artículo 100.2 a 412 presos de una población penitenciaria de un total de 8.472 internos. Los permisos ordinarios -un máximo de 48 días al año- son otro instrumento que las juntas de tratamiento podrían poner sobre la mesa. Para ello, los reos deberán haber superado un cuarto de la condena, que, en el caso los «Jordis», ya se cumpliría a mediados de enero.

La Fiscalía, que se quejó de que las cárceles catalanas no eran adecuadas para que cumplieran sus penas, podría mantenerse alerta para intentar evitar que la Generalitat esté tentada a conceder privilegios a quienes consideran «presos políticos» . Eso, siempre que ERC no consiga que el PSOE presione a la Fiscalía para que esta no bloque unos hipotéticos beneficios penitenciarios. En todo caso, la capacidad de la Fiscalía será siempre limitada. Podría recurrir ante los jueces tanto la clasificación de los reclusos como la flexibilización de sus regímenes penitenciarios pero la decisión de la Generalitat seguiría vigente hasta que los tribunales se pronuncien .