Gallardón: «La situación en Venezuela es una quiebra severa del Estado de Derecho»

Alberto Ruiz Gallardón, liberado ya de la primera línea de la política, ha hablado desde la seriedad que le impone su formación jurídica, eludiendo opinar sobre las negociaciones actuales de los partidos sobre la formación de Gobierno. Sí ha apelado, en cambio, a la responsabilidad y sensatez de los candidatos para evitar unas terceras elecciones que «serían perjudiciales» para el país. Lo ha hecho después de hablar sobre las posibilidades de mejora de la Constitución vigente en los cursos de verano que celebra la UCM en El Escorial. «Si queremos aumentar la competitividad, si queremos inversiones extranjeras en España, si queremos inversiones que generen riqueza y esa riqueza, empleo, lo que necesitamos es un gobierno», ha insistido el ex ministro de Justicia popular.

En referencia a la reunión mantenida esta mañana entre Albert Rivera y Mariano Rajoy, Gallardón ha considerado de «muy difícil justificación» que el líder de una formación pueda imponer a otra a su candidato, pues «a los dirigentes de los partidos los elegimos los militantes del propio partido no los de otros y creo que es la aplicación de la norma básica de la democracia».

No ha querido eludir el también expresidente de la Comunidad de Madrid la responsabilidad a la cual dedica ahora su tiempo, la defensa del preso político venezolano Leopoldo López, al que el Gobierno de Maduro le ha impedido visitar en su último viaje a Caracas. «La situación en Venezuela es una quiebra severa del estado de derecho», ha declarado, insistiendo en la imposibilidad de comparar los parámetros de división de poderes con los que funcionamos en España y en el resto de democracias occidentales con «la forma de actuación en estos momentos del régimen de Venezuela». «Debería ser inexcusable que la libertad de Leopoldo y de todos los presos políticos fuese un elemento no paralelo sino previo antes de entrar en cualquier espacio de discusión de asuntos estrictamente políticos», pero no lo es, aunque admite que esa realidad no le convence porque, desde el punto de vista jurídico, la libertad de los presos políticos «debería ser de aplicación inmediata antes de empezar a discutir otro asunto político».