La Fiscalía pide 7 años y nueve meses de cárcel para Correa por el caso Gürtel en Jerez
El juicio, que comienza mañana en la Audiencia Nacional, se alargará hasta septiembre
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jérez a la trama Gurtel . Los hechos investigados en esta pieza separada de la trama «Gurtel» se han centrado en determinados contratos administrativos llevados a cabo por el IPDC, un órgano participado por el Ayuntamiento de Jerez, para el desarrollo de Fitur 2004, así como otros expedientes como el de acondicionamiento para la Plaza Mayor de Madrid.
El juicio oral, que se prolongará hasta el 4 de julio, es el cuarto relacionado con los negocios de la trama empresarial liderada por Francisco Correa. Constará de 19 sesiones que se celebrarán entre el 3 y el 20 de junio, entre el 1 y el 11 de julio y entre el 10 y 19 de septiembre.
Francisco Correa, que se encuentra cumpliendo condena por otras tres piezas pertenecientes a la trama Gurtel , afronta en este procedimiento siete años y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en funcionario público y otro de fraude a las Administraciones Públicas, al igual que su número dos Pablo Crespo y sus trabajadores Isabel Jordán y Javier Nombela.
Todos fueron sentenciados ya por la primera época de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción les acusa en esta cuarta pieza separada de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones y falsedad en documento mercantil.
Asimismo, serán juzgadas las interventoras municipales del Ayuntamiento de Jerez María del Milagro Pérez y Milagros Abascal, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del consistorio Manuel Bárez. Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas excepto para Abascal, que afronta una petición de dos años de cárcel por prevaricación y fraude en las administraciones.
El juez de la Audiencia Nacional considera que hay indicios suficientes de que Correa habría «liderado un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargos a fondos públicos, bien mediante la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros (a cambio de la correspondiente comisión, bien mediante el apoderamiento directo de fondos públicos».
Correa, aprovechándose de amistad con Isidro Cubero González, quien mantenía relación con cargos públicos del Ayuntamiento de Jerez, fue beneficiado a través de sus empresas Down Consulting SL y Special Events SL con la adjudiación de tres contratos por un monto de 214.028,71 euros referidos a la Feria Internacional de Turismo . Dicha contratación se habría hecho de modo directo, vulnerando toda la normativa de contratación pública y sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad, objetividad y transparencia.
En concreto, los días 15 y 25 de noviembre en 2003 se llevaron a cabo en la ciudad de Jerez reuiones en las que se abordó la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004. Allí se definió la planificación de los actos, contenido del stand, publicidad, celebracion del día de Jerez, acto en la Plaza Mayor o presupuestos, entre otras cosas. IPC decidió que empresas del grupo Correa (Special Events SL y Down Town Consulting SL), y Teleanuncio SA serían las contratadas para prestar estos servicios en Fitur, y les encargó el trabajo sin condición y requisito alguno.
El juez añade que para dar apariencia de legalidad a toda la actuación mencionada anteriormente, José Aguera González, el Director de IPDC, suscribió distintos documentos administrativos haciendo constar en los mismos fechas distintas de las que obran en los mismos y muy anteriores a las fechas en que realmente fueron elaborados. Lo mismo hicieron las interventoras Milagro Pérez y Milagros Abascal al suscribir documentos administrativos haciendo constar en las mismas fechas distintas de las que obran en los mismos y muy anteriores a las fechas de su mujer.
La red de influencias de Correa, que le permitió apropiarse de fondos, se extendió a comunidades y municipios del territorio español.
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