La Fiscalía se opone a la libertad de los presos del «procés» porque volverían a rebelarse contra el Estado

Recuerda la gravedad del delito que se les imputa y que sus conexiones con los fugados les facilitaría la huida

Jordi Turull, en su turno de la última palabra en el juicio del «procés»

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La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a la libertad solicitada por seis presos del «procés» al considerar que, lejos de desaparecer las circunstancias que dieron lugar a la adopción de la prisión preventiva, la inminencia de la sentencia las agrava aún más. Se trata de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn; de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y del expresidente de la ANC Jordi Sánchez.

En tres escritos con idéntico contenido dirigidos al tribunal del «procés», los fiscales explican que el mantenimiento de la prisión provisional «se hace incluso más necesaria una vez finalizado el juicio oral (…), ya que se acrecienta la obligación de asegurar uno de los fines más relevantes del proceso penal: el cumplimiento y ejecución de las penas privativas de libertad que finalmente sean impuestas».

Para el Ministerio Público, la celebración del juicio ha servido para probar la participación de los acusados en el más grave delito contra el orden constitucional, el delito de rebelión , cuya solicitud de pena mantuvo en sus conclusiones definitivas, 25 años en el caso del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Los fiscales señalan que en su decisión no solo pesa el riesgo de fuga ante la gravedad de los delitos por los que están acusados, sino también «su conexión con otros procesados que se han sustraído a los tribunales españoles y cuyos pasos podrían seguir».

Sobre la reiteración delictiva, sostienen que no solo no han mostrado «cualquier sentimiento de contrición o arrepentimiento por la grave agresión al orden constitucional que protagonizaron, sino que han insistido hasta el final (sus manifestaciones en el ejercicio del derecho a la ultima palabra son buena muestra de ello) en el rechazo frontal a la restauración del orden constitucional por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverán a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento».

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